Islas Malvinas: avanzan los negocios entre Chile y Reino Unido por una ruta marítima y Cancillería denunció «vuelos ilegales»
El gobierno de Javier Milei informó que detectaron una aeronave con matrícula del Reino Unido circular sin autorización argentina entre Malvinas y Punta Arena, y confirmaron sanciones y hasta reclamos vía diplomática. Además, intimaron a Reino Unido a culminar con el proyecto Sea Lion en un plazo de dos semanas. Mientras tanto, este lunes se efectuó una ronda de negocios en el sur chileno con 40 empresarios británicos radicados en las islas.
La disputa geopolítica, comercial y diplomática por la soberanía y los recursos del Atlántico Sur alcanzó este lunes un nuevo punto de máxima tensión. Mientras el gobierno de Javier Milei lanzaba un ultimátum legal sin precedentes contra el Reino Unido por la explotación hidrocarburífera, denunció vuelos clandestinos sobre el espacio aéreo nacional. El hecho ocurre mientras en la ciudad chilena de Punta Arenas se materializaba un histórico acercamiento comercial entre empresarios isleños, autoridades trasandinas y capitales británicos.
El ultimátum de la Casa Rosada y la amenaza del Tribunal del Mar
A través de un comunicado emitido por la Oficina del Presidente, el Gobierno nacional anunció que se instruyó a la Cancillería y a sus equipos jurídicos a dar inicio al procedimiento de arbitraje estipulado en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). El objetivo central de esta maniobra es frenar la explotación de la Cuenca Malvinas Norte, materializada a través del polémico proyecto petrolero «Sea Lion».
El documento oficial intimó formalmente al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte a que, en un plazo perentorio de 14 días, adopte las medidas necesarias para detener las actividades en la Plataforma Continental Argentina.
El Gobierno advirtió que, de caso contrario, acudirá al Tribunal Internacional del Derecho del Mar (ITLOS, por sus siglas en inglés) para solicitar medidas provisionales de preservación soberana. Según detalló el diario Clarín, esta carta judicial fue un consejo estratégico que en su momento aportaron el letrado Marcelo Kohen y la recientemente fallecida embajadora Susana Ruiz Cerutti, ambos artífices de la victoria argentina ante ese mismo tribunal de la ONU durante la retención de la Fragata Libertad en Ghana por acción de los fondos buitre en 2012.
Para reforzar la postura, la Casa Rosada apeló a la histórica Resolución 2065 (XX) de la Asamblea General de la ONU, que reconoce la disputa de soberanía, y a la Resolución 31/49, que insta a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales en la región. Asimismo, el texto rechazó categóricamente que Londres catalogue a las islas como «Territorio Británico de Ultramar» y le restó total validez internacional al referéndum isleño celebrado en 2013.
El presidente Javier Milei utilizó sus redes sociales para amplificar la medida. «DEFENDIENDO CON HECHOS», tituló en su cuenta de X (ex Twitter). «Instruí a la Cancillería y a nuestros equipos jurídicos a iniciar el arbitraje internacional contra el Reino Unido por el saqueo ilegal de nuestros recursos a través del Proyecto Sea Lion (…). LAS MALVINAS SON ARGENTINAS y se defienden con hechos, no palabras. VLLC!!!», sentenció el mandatario, buscando contrastar su accionar con las gestiones diplomáticas de administraciones anteriores.
Sin embargo, el conflicto hidrocarburífero no fue el único detonante. El comunicado presidencial reveló la detección de operaciones aéreas irregulares llevadas a cabo por la empresa THALES UK LIMITED. De acuerdo a la denuncia, una aeronave con matrícula del Reino Unido operó la ruta aérea entre las Islas Malvinas y la ciudad chilena de Punta Arenas sin contar con la debida autorización de las autoridades aeronáuticas argentinas.
Frente a esta violación del espacio aéreo, Milei ordenó la apertura urgente de procedimientos sancionatorios, la radicación de denuncias penales correspondientes y el despliegue de los pertinentes reclamos por la vía diplomática.
Chile y Reino Unido concretan negocios vinculados a las Islas Malvinas
Mientras Buenos Aires redactaba sus intimaciones legales, del otro lado de la cordillera de los Andes se ponía en marcha una ambiciosa maquinaria comercial. Este lunes comenzó el Punta Arenas Business Showroom, una rueda de negocios de dos días impulsada por la «Falkland Islands Development Corporation (FIDC)» que llevó a la Región de Magallanes a la mayor delegación comercial enviada desde el archipiélago en toda su historia.
Unos 40 representantes del sector público y privado británico que ocupa las islas desembarcaron en territorio chileno para consolidar a Punta Arenas como su principal socio logístico y comercial en el continente sudamericano.
El alcalde de la ciudad anfitriona, Claudio Radonich, no ocultó sus intenciones al asegurar que buscan convertirse en «el gran supermercado, el gran home center de la isla para los habitantes de la isla». Radonich busca aprovechar el descontento regional que generó la Declaración del Mercosur de 2011 —la cual, apoyada en su momento por Chile, prohibía el ingreso de barcos con bandera isleña a puertos sudamericanos— y que, según sus propios cálculos, le costó a la economía del sur chileno perjuicios por 300 millones de dólares.
El evento marca un quiebre en la geopolítica del Atlántico Sur. Tal como ya había reportado Diario RÍO NEGRO a principios de mes, la Corporación de Desarrollo de las islas cerró un contrato con la naviera chilena Eastern Island para inaugurar en noviembre una ruta marítima regular entre Punta Arenas y Puerto Argentino. Este trayecto transportará desde gas licuado y repuestos hasta materiales de construcción y alimentos básicos. Actualmente, la única conexión marítima de los «kelpers» es con Montevideo, lo que exige una navegación de casi 2.000 kilómetros; operar desde el sur de Chile les permitiría reducir esa distancia a la mitad, bajando drásticamente los costos logísticos en detrimento de la oferta uruguaya.
La magnitud de la misión comercial fue encabezada por Louise Ellis, subdirectora general de la FIDC y figura clave en el restablecimiento del vínculo naviero; Sam Cockwell, gerente de proyectos estratégicos; y Jane Clarke, responsable de marketing. La comitiva incluyó también al director de la Cámara de Comercio de las Malvinas, Mike Summers, un isleño de sexta generación. Recientemente, la FIDC también sumó como director general a Josh Smith, exmiembro de la Asamblea Legislativa local con fuertes vínculos en el empresariado del sur de Chile.
La diversidad de los rubros expone el nivel de integración que pretenden alcanzar. Desde Clarín apuntaron que participan figuras como Bono McKak de la compañía de renta de maquinaria Big B’s; Luke Clarke y Claudio Ross de C&R Construction y C&R Lettings; Cristian Castro Estefo, empresario chileno radicado en Malvinas al frente de Castros Construction; Krizelle Macaraig, gerente de proyectos de Goodwin Ltd.; y Mark Aimson de RSK Falkland. El sector agropecuario y alimenticio desembarcó con peso propio a través de James Bates, de la Asociación de Empresas Pesqueras (FIFCA) que agrupa a 13 compañías; Patricio Garces, de Consolidated Fisheries Ltd. (centrada en la merluza negra); Emily Gilbert, dueña de Little Creek Farm; Paul Phillips, de Falkland Landholdings Corporation; Cynthia Williams, de Stanley Growers; y los funcionarios del gobierno isleño Matt Davies y Daniela Baigorri, abocados a la Agricultura y Bioseguridad. A ellos se suma un conglomerado de empresas ligadas a la hotelería, el petróleo, el turismo y la ciencia antártica.
Aún así, las principales sospechas es que esta aceitada maquinaria logística se hace notar mientras la petrolera israelí Navitas y la británica Rockhopper confirmaron que comenzarán a extraer crudo en las aguas disputadas a partir del año 2028. El despliegue de esta red de abastecimiento desde Punta Arenas resultará fundamental para sostener el proyecto Sea Lion que el gobierno argentino intenta frenar.
Chile y Reino Unido forjan lazos
El avance del entramado comercial expuso severas grietas diplomáticas y declaraciones cruzadas entre las administraciones de la región. Si bien el pasado 3 de septiembre el presidente chileno José Antonio Kast y Javier Milei firmaron una declaración conjunta en el Palacio de La Moneda —donde Chile respaldaba los derechos soberanos de Argentina sobre Malvinas y se comprometía a evitar el soporte logístico ilegal en la zona, mientras Argentina reconocía la soberanía chilena sobre el Estrecho de Magallanes—, las palabras del propio gabinete trasandino barrieron con esos consensos.
El ministro de Defensa Nacional de Chile, Fernando Barros Tocornal, brindó una explosiva entrevista a Radio Polar de Magallanes que vació de contenido el acuerdo presidencial. Barros reconoció el apoyo al reclamo argentino pero instaló una justificación de facto para Londres: «Hay una situación de hecho: un país amigo hace 200 años ejerce soberanía sobre las islas», afirmó. Acto seguido, eludió la posición histórica de la diplomacia argentina y pidió respetar «la voluntad e interés de las personas involucradas», avalando así el derecho a la autodeterminación de los «kelpers».
El ministro de Defensa de Kast fue aún más lejos al relativizar los pactos regionales. Consultado sobre los compromisos asumidos ante el Mercosur y la Unasur para impedir que los puertos sudamericanos brinden soporte logístico a la explotación petrolera y pesquera en Malvinas, Barros Tocornal indicó que esos acuerdos «son de carácter político y no obligatorios legalmente».
En este sentido, criticó abiertamente el decreto 256 emitido por Cristina Kirchner en 2010 —que exige autorización previa a los buques que se dirigen a las islas—, argumentando que «contravienen el derecho internacional», y defendió sin ambages el derecho de la comunidad magallánica y de la naviera Eastern Island a «ejercer el comercio» sin inconvenientes, considerando que el país «ha dejado pasar muchas cosas y ha debilitado la fortaleza de las instituciones».
La postura chilena, donde encuestas indican que un 68% de la población considera que las islas son británicas, se enrareció aún más tras el paso de Javier Milei por el Foro Madrid en Santiago de Chile a principios de septiembre. En aquella cumbre, los elogios del presidente argentino a las políticas económicas de la dictadura de Augusto Pinochet desataron la furia de la oposición política chilena.
Además, las recientes confusiones públicas del canciller argentino Pablo Quirno, el ministro de Defensa Carlos Presti y el jefe de la Fuerza Aérea Gustavo Valverde —quienes sugirieron equívocamente un control compartido del Estrecho de Magallanes— derivaron en múltiples quejas formales chilenas y llevaron a Barros Tocornal a anunciar el levantamiento de nuevas bases y una mayor inversión militar en el sur.
El tablero se completa con la dura postura militar británica y presiones a escala global. Wes Streeting, ministro de Defensa del Reino Unido, intervino en la polémica este último fin de semana asegurando de forma contundente que su país se encuentra plenamente armado para proteger a las «Falkland Islands», mientras que desestimó cualquier riesgo bélico argumentando que la capacidad militar de la Argentina se encuentra «desmantelada». Sus palabras respondieron al endurecimiento retórico de Milei en la ONU y buscaron ahuyentar el fantasma del 2 de abril de 1982.
En paralelo a la hostilidad de Londres, la escena internacional suma factores de presión imprevistos. Tal como reportó este medio, la posición británica sufre los embates de su histórico aliado, Estados Unidos. El expresidente y actual figura determinante de la política norteamericana, Donald Trump, lanzó fuertes advertencias a la OTAN, amenazando con revisar la histórica postura de neutralidad estadounidense respecto al conflicto de Malvinas como represalia directa a la falta de apoyo diplomático y logístico del Reino Unido frente a las tensiones con Irán por el control energético en el Estrecho de Ormuz.
Con un plazo legal de catorce días corriendo en la cuenta regresiva argentina, una ruta comercial a punto de zarpar desde Magallanes y empresas multinacionales proyectando la extracción de crudo para 2028, el conflicto por las Islas Malvinas abandona el letargo retórico para adentrarse en una fase de acciones judiciales e integraciones económicas que redefinirán el mapa del extremo sur del continente.
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