La FIA archivó la denuncia por la venta del avión de Río Negro y defendió la operación del Gobierno
La aeronave se compró en el 2022 por algo más de 4,2 millones de dólares y, dos años después, se vendió en 2,6 millones. La fiscal Cardell descartó irregularidades, pero, en especial, cuestionó con dureza la presentación del legislador Delgado Sempé.
La Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) archivó la denuncia del legislador peronista Luciano Delgado Sempé por la venta del avión oficial de la Provincia y concluyó que no existieron irregularidades en la operación concretada por el gobierno de Alberto Weretilneck.
La denuncia -que había sido realizada en enero de 2025- cuestionó que la aeronave se vendiera en el 2024 en 2,6 millones de dólares cuando dos años antes, durante la administración de Arabela Carreras, la Provincia la había adquirido por 4,2 millones de dólares. También objetó que parte del pago se pactara en especie y que el valor asignado a las horas de vuelo de la adquisición era excesivo.
La resolución, firmada por la fiscal Dolores Cardell, desestima los cuestionamientos sobre el precio de venta del Cessna Citation V Ultra 560, modelo 1994, y el mecanismo de pago acordado con la empresa Aerovida.
En su resolución de 16 páginas, Cardell cuestiona esencialmente la denuncia. Afirma que la presentación incurre en una «práctica conocida como excursión de pesca», por su «generalidad», y remarca que el legislador omitió identificar las fuentes utilizadas para determinar el supuesto valor de mercado. Incluso, alude a la «liviandad con la que se aventura a realizar semejante denuncia en forma genérica y sin un adecuado respaldo».
Al analizar el expediente, la fiscal recuerda que el Ejecutivo decidió desprenderse del avión al concluir que resultaba «antieconómico» mantenerlo dentro del patrimonio estatal. Esa evaluación, sostiene, no fue aislada, sino que contó con informes de distintos organismos, entre ellos el SIARME, el Ipross, Salud, la Secretaría General, Horizonte, Río Negro Fiduciaria, el CFI, Obras Públicas y un dictamen técnico del ingeniero aeronáutico Javier Kornisiuk sobre el estado de la aeronave.
El auditor de la FIA también repasó la compra realizada durante la gestión anterior y recordó que el costo total ascendió a 4.234.990 dólares, incluyendo gastos adicionales sobre un precio base del avion de 3.500.000 millones.
Respecto de la licitación, Cardell sostiene que la normativa vigente no obliga a adjudicar la oferta al mejor precio, sino aquella que resulte «más conveniente o más ventajosa». Agrega que, cuando la contratación comprende servicios altamente especializados, corresponde priorizar la idoneidad y la calidad de la prestación ofrecida.
La discusión por el precio
Consignó, además, un relevamiento del auditor realizado sobre ocho aeronaves similares, fabricadas entre 1994 y 1999 y ofrecidas en sitios especializados. El estudio arroja un valor medio de 2.022.250 dólares, parámetro que, según la resolución, respalda el monto base fijado por la Provincia para la operación.
Para evaluar la venta, la fiscal tomó como referencia la tasación realizada por la Universidad Nacional de La Plata, que fijó un valor de mercado de 2.320.290 dólares.
En otro tramo, la fiscal afirma que la documentación remitida por el Ejecutivo y el «pormenorizado análisis» realizado por el auditor de la FIA «echan definitivamente por tierra las ligeras y genéricas acusaciones» formuladas por el legislador, quien había denunciado falta de transparencia y ausencia de planificación en la operación.
Finalmente, Cardell resolvió archivar las actuaciones al concluir que no se acreditó «la configuración de un daño fiscal ni la inobservancia de normas o procedimientos que regulen la administración y disposición de los bienes del Estado».
Uno de los ejes centrales de la denuncia era el valor de venta de la aeronave. Sobre ese punto, la FIA recordó que el análisis del precio de compra ya había sido abordado en el expediente que derivó en sanciones administrativas para tres exfuncionarios que intervinieron en aquella licitación.
La resolución también dedica un apartado al valor asignado a los vuelos sanitarios incluidos como parte del pago. A partir del cruce con antecedentes de contrataciones del Ipross y del Ministerio de Salud, concluye que tanto el precio por kilómetro de vuelo como la modalidad de compensación resultan razonables y se encuentran debidamente fundados.
Los imputados de la compra
Desenlaces distintos presentaron los partícipes de la compra. Los exfuncionarios que figuran en el expediente fueron imputados penalmente. Ellos son: el exsecretario General de la Gobernación, José María Apud, el exsecretario de Administración, Gonzalo Regueira, y el exdirector de Aeronáutica, José Scheverin.
En el 2023, el Tribunal de Cuentas multó a los tres partícipes por las irregularidades administrativas, con sanciones pecuniarias, que sumaron un millón y medio de pesos.
Esas multas fueron abonadas inmediatamente por los hoy exfuncionarios provinciales.
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