Privatización de AySA: el nuevo operador deberá invertir más de US$2.000 millones en cinco años, según el Gobierno

La privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) no solo implica el pago por el 90% de las acciones. El consorcio que se queda con la empresa también deberá cumplir un plan de inversiones obligatorio fijado de antemano en el contrato, que el Ministerio de Economía estima en más de US$ 2.000 millones para los primeros cinco años.

El contrato tiene una vigencia de 30 años y puede extenderse por una década más. El nuevo operador asumirá entre enero y febrero de 2027 y prestará el servicio de agua y cloacas a unos 14 millones de habitantes de la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios bonaerenses.

Cómo se reparte el plan de inversiones 2027-2031 de AySA

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El Plan de Acción 2027-2031 suma $2,89 billones a valores de diciembre de 2025, sin IVA, según informó el Ministerio de Economía. Se divide en cuatro rubros:

• Obras: $1,13 billones, cerca del 39% del total.
• Mantenimiento: $1,15 billones, otro 40%.
• Mejoras: $315.761 millones, alrededor del 11%.
• Operación: $296.166 millones, el 10% restante.

El Gobierno explicó que el objetivo es ampliar la cobertura, renovar infraestructura, mejorar la eficiencia y sostener la calidad del servicio. A diferencia de otras licitaciones, el ganador no presentó un plan de inversión propio ni propuso una tarifa: ambos parámetros ya estaban fijados en el pliego.

La reducción de pérdidas de agua, uno de los desafíos

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Uno de los focos del plan es la eficiencia de la red. Según el comunicado oficial, las pérdidas de agua no contabilizada se mantienen en 42%. Un plan de mejora de eficiencia de la propia AySA estimó que reducir esas pérdidas permitiría recuperar unos 512.700 metros cúbicos diarios, un volumen suficiente para abastecer a alrededor de 1,14 millones de habitantes adicionales.

Las inversiones están atadas a metas escalonadas. Para fines de 2031, el contrato fija una cobertura del 75,3% en agua potable y del 63,9% en cloacas. Para 2036, la meta sube al 78,9% en agua y al 65,3% en cloacas.

Al cierre de la concesión, en 2056, la cobertura deberá alcanzar como mínimo el 90% en agua potable y el 75% en cloacas.

Quién controlará que se cumplan las inversiones

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Con la privatización, el sector privado asume la operación y las obligaciones de inversión, mientras que el Estado se concentra en regular, supervisar y controlar, según el comunicado oficial. El 10% de las acciones seguirá en manos de los trabajadores a través del Programa de Propiedad Participada.

El pliego también pone condiciones a la permanencia del operador: deberá mantener todas las acciones al menos hasta 2031, y a partir de 2032 podrá desprenderse del 39%, siempre conservando la mayoría del 51%.

La oposición denunció irregularidades en la tasación de AySA

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Legisladores de Unión por la Patria que integran la Comisión Bicameral de seguimiento de las privatizaciones presentaron una denuncia ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas. Las diputadas Ana María Ianni y Florencia Carignano y los senadores Adán Bahl y Jorge Capitanich pidieron que se investigue al titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP), Diego Chaher, al presidente del Tribunal de Tasaciones, Julio Villamonte, y a las autoridades del BICE por lo que consideran «graves irregularidades» en el proceso.

Según la presentación, el Gobierno cambió el método de valuación de las empresas, declaró secretas las tasaciones y desplazó al Tribunal de Tasaciones, además de no informar a la Bicameral como exige la Ley 23.696. «La empresa será adjudicada sin que se conozca su tasación, y nadie por fuera de la ATEP y el Poder Ejecutivo sabrá si el Estado vendió por su justo valor», sostuvieron los legisladores.