El gobierno de Javier Milei avanzará en un nuevo ajuste por la baja de la recaudación: qué se sabe de los recortes
El presidente Javier Milei y el jefe del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, bajaron la orden a todos los ministerios de achicar en un 2% sus gastos corrientes y en un 20% los de capital.
Por la baja de la recaudación producto de la caída de la actividad y el consumo, el Gobierno nacional avanzará en un nuevo ajuste de las cuentas públicas que incluirá un recorte de gastos corrientes y programas de ayuda o inversión.
La orden que impartieron el presidente, Javier Milei, y el jefe del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, es que todas las dependencias oficiales recorten un 2% sus gastos corrientes y en un 20% los de capital.
Los gastos corrientes implican una rebaja en distintos rubros en los que están incluidos, salarios, contrataciones de terceros, gastos de energía, consumo de bienes, entre otros. En lo que refiere a los gastos de capital, la reducción puede pasar por prestaciones a cargo de cada ministerio, planes de inversión en maquinaria o tecnología u otra erogación que no tenga condición de habitual.
Esta medida es consecuencia directa de la baja de la recaudación tributaria nacional, que en marzo fue de 4,5% y sumó ocho meses consecutivos con resultados negativos. En el primer trimestre la disminución de ingresos alcanzó al 7,5%. En el gobierno atribuyen este comportamiento contractivo a la política de reducción de impuestos que se implementó en los últimos meses.
La decisión también tiene como segundo objetivo enviar una señal a los mercados financieros de que el Gobierno mantendrá las cuentas fiscales con superávit más allá de una reducción en los ingresos.
La contradicción del mensaje oficial es que se reclama un ajuste mayor por escasez de recursos, mientras se pondera que la economía está en plena expansión y en un auge del consumo.
En la práctica el Ministerio de Economía ya se sentó sobre la caja y, además del pedido a los ministros, en la práctica recorta fondos directamente. Un ejemplo es lo que sucede con el PAMI, que como respuesta a lo decidido por Hacienda rebajo el pago de capita a los médicos a escasos $ 2.100 por consulta, lo que desató una ola de reclamos por parte de los profesionales.
Al respecto se refirió el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, quien les reclamó a los dirigentes nacionales que “defiendan a los abuelos”.
El plan de recorte fue transmitido por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a las cabezas de cada ministerio, quienes deberán entregar su propuesta antes del 30 de abril.
La situación se agravó en los últimos meses y complicará las cuentas en el corto plazo dado que buena parte del presupuesto nacional (jubilaciones, pensiones, ayudas sociales) ajusta por inflación del orden de 3%, con recursos en baja. A esto se debe sumar la actualización por CER de la deuda pública, que también debe ser asumida con los menguados recursos del Tesoro Nacional.
El Gobierno aprovechará este martes el Summit 2026 de la Cámara de los Estados Unidos en la Argentina (AmCham) para bajar este mensaje de austeridad para preservar la estabilidad económica y convencer al establishment de acelerar los planes de inversión.
Milei cerrará este evento con un discurso hacia el final de la tarde y la apertura estará a cargo de Caputo. El influyente foro tendrá lugar en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Buenos Aires. El ministro postergó su viaje a Estados Unidos –donde participará de la Reunión de Primavera del FMI- lo que marca la importancia que le da el Gobierno a esta reunión empresarial.
Reclamos
A los pedidos públicos de protección y cambios en el modelo que realizan las instituciones más fuertes como la UIA, en las últimas horas se sumaron entidades de base.
Cerca de una decena de entidades y asociaciones que representan al sector de todo el país publicaron una Carta Abierta al Presidente de la Nación en la plasmaron sus delicada coyuntura.
“Las pymes nacionales nos encontramos cada vez más abrumadas por la caída del mercado interno, los mayores precios de insumos básicos y servicios públicos, la inaccesibilidad del crédito al estar el sector financiero volcado centralmente a la especulación, y las importaciones masivas sin controles elementales que en muchísimos casos se realizan en condiciones de dumping o sin cumplir normas sanitarias y de seguridad básicas”, señala el texto.
Entre las firmantes se encuentran: Central Entidades Empresarias Nacionales (CEEN), Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME), Asociación para la Pequeña y Media Empresa de Santa Fe (ASOPYME), Cámara de Pequeñas y Medianas Empresas de San Martín (CAPYME), Unión Industrial de Moreno (UIA- Moreno), Movimiento Productivo 25 de Mayo (MP25M), Pymes Sur, Casa Ciudadana de Piñeiro- Avellaneda, Confederación Federal Pyme Argentina, Cámara Empresarial de Distrito Tecnológico San Martín (CEDITEC) y la Asociación de Trabajadores Independientes y Microemprendedores (ATIAME).
A ellos se sumó una declaración de empresarios metalúrgicos que denunciaron una fuerte caída interanual de 10% en los niveles de producción con un 60% de capacidad ociosa.
Dentro de ese grupo se encuentra, Gustavo del Boca, Presidente de la Cámara de Industriales Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba, quien enfatizó que “somos muy competitivos internacionalmente, pero tiene que haber igualdad de condiciones».
“China salió del ostracismo a un país del primer mundo ¿en base a qué? En base a su industria. No todos los empresarios somos iguales. Tenemos muchos empresarios PyMEs que venimos invirtiendo hace muchos años en el país”, destacó.
Buenos Aires también reclama
La movida de reclamos al Ejecutivo nacional tendrá otro capítulo este martes frente al Ministerio de Economía cuando los principales referentes del gobierno de la provincia de Buenos Aires entreguen un petitorio.
El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, y el ministro de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, junto a intendentes e intendentas entregarán un documento en el que pedirán retrotraer el precio de los combustibles al 1° de marzo, frenar el recorte de fondos y reactivar la obra pública con los recursos del impuesto a los combustibles.
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