Para blindar el superávit, el Gobierno emite $221.119 millones en bonos para cancelar deudas de obra pública
A través de una resolución en el Boletín Oficial, el Gobierno oficializó la entrega de títulos capitalizables para saldar compromisos con contratistas correspondientes al período 2022-2025. Analistas económicos advierten que esta estructura permite registrar la operación "por debajo de la línea", evitando que el pago afecte el resultado fiscal financiero y primario.
Con el objetivo de cancelar obligaciones pendientes del Estado Nacional sin sumar presión sobre las cuentas públicas, el Gobierno amplió la emisión de instrumentos de deuda por un tope de $221.119 millones. La medida apunta a saldar deudas con proveedores de obra pública y, al instrumentarse mediante la entrega de títulos en lugar de pagos en efectivo, permite que la erogación no se contabilice en el resultado fiscal base caja.
La decisión fue formalizada este martes 6 de octubre mediante la Resolución Conjunta 59/2026 de la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Hacienda, firmada por Federico Matías Furiase y Carlos Jorge Guberman, y publicada en el Boletín Oficial. Según consta en el documento, la operatoria se enmarca en el Régimen Simplificado de Extinción de Obligaciones de Contratos de Obra Pública, destinado a contratistas que cuenten con acreencias a su favor en concepto de certificados de obra, acopio de materiales y redeterminación de precios.
El texto oficial detalla que los pagos abarcan el período comprendido entre el 1° de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2025, además de obligaciones pendientes derivadas de contratos extinguidos a partir de 2024 bajo la órbita de las secretarías de Obras Públicas y de Transporte. La cancelación se realizará con sujeción a un cupo máximo exacto de $221.119.509.519, entregando los títulos a su valor técnico calculado a la fecha del día hábil anterior de su efectiva entrega.
La canasta de títulos: los detalles de la emisión
Para hacer frente a estos compromisos, la resolución conjunta dispuso una canasta compuesta por tres instrumentos del Tesoro que capitalizan intereses y cuyos vencimientos operan entre octubre de 2026 y abril de 2027. La integración se realizará en las siguientes proporciones:
- 33% integrado por la “Letra del Tesoro Nacional Capitalizable en pesos con vencimiento 30 de octubre de 2026”, por hasta un Valor Nominal Original (VNO) de $60.000.000.000.
- 33% integrado por el “Bono del Tesoro Nacional capitalizable en pesos con vencimiento 15 de enero 2027”, por hasta un VNO de $51.000.000.000.
- 34% integrado por el “Bono del Tesoro Nacional Capitalizable en pesos con vencimiento 30 de abril de 2027”, por hasta un VNO de $60.000.000.000.
El impacto fiscal: «Por debajo de la línea»
Desde Bloomberg Línea analizaron el trasfondo de esta ingeniería financiera. En un contexto donde la recaudación refleja caídas en términos reales por el menor dinamismo de la actividad, el equipo económico optó por los títulos de deuda para evitar el registro del gasto. Si el Tesoro hubiera pagado en efectivo, la salida de fondos habría impactado de lleno en el superávit primario base caja. En cambio, al cancelar con bonos, la operación queda registrada contablemente «abajo de la línea».
El economista Nicolás Gadano, exgerente general del Banco Central (BCRA) y actual economista jefe de Empiria, analizó la operatoria a través de su cuenta en la red social X. “Hacienda emite $221 mil millones en instrumentos de deuda con intereses capitalizables, para cancelar obligaciones por pagos pendientes de obra pública. Todo por debajo de la línea, aguante el superávit fiscal”, señaló.
Ante la consulta de un usuario sobre cómo se evita el impacto en el balance, Gadano detalló: «Probablemente se cancelan obligaciones del Estado Nacional (…) con instrumentos de deuda, sin que esos gastos sean devengados previamente ‘arriba de la línea’, es decir, sin impacto en el gasto y en el resultado fiscal«.
Además, en diálogo con el medio citado, el economista remarcó que «suponer que la deuda en pesos no paga intereses es ridículo» y explicó una particularidad de los instrumentos elegidos: “En este caso, además, los instrumentos de deuda utilizados no pagan cupones (capitalizan intereses), por lo que todo el impacto fiscal de esta operación no impactará nunca en el resultado financiero”. Frente a este escenario, Gadano sugirió que el Congreso debería solicitar al Ejecutivo, en el marco de la discusión del Presupuesto 2027, «una medición alternativa y complementaria al base caja tradicional» que refleje adecuadamente el costo total de la deuda.
Por su parte, otro analista financiero consultado en reserva consideró que no es incorrecto que la operación no impacte en el resultado fiscal de este año porque se trata de gastos realizados en períodos anteriores. El problema estructural, advirtió, es que ese dinero tampoco se mostrará como un gasto devengado en los balances de aquellos años.
El contexto fiscal y las metas del FMI
La protección del superávit es una prioridad absoluta para el Gobierno. A mediados de septiembre, el Ministerio de Economía informó que en agosto el Sector Público Nacional registró un superávit primario de $1.990.322 millones y un superávit financiero de $615.529 millones.
Con estas cifras la administración central acumuló en los primeros ocho meses de 2026 un superávit primario equivalente a un 1,1% del PBI y un superávit financiero del 0,2% del PBI. Esta trayectoria encamina al Gobierno a cumplir la meta anual acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que tras la renegociación estipula un superávit primario del 1,4% para 2026, logrando compensar el leve incumplimiento registrado durante el primer semestre, cuando se obtuvieron $95,28 billones frente a un objetivo pactado de $98,86 billones.
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