DLS Archer se suma a Halliburton y Baker Hughes y rechaza operar en las Islas Malvinas

La compañía DLS Archer Ltd. S.A. aclaró de forma oficial que no posee vínculos con el proyecto Sea Lion ni realiza actividades petroleras en el archipiélago. La postura se alinea con los recientes alejamientos de otras grandes empresas de servicios tras la reglamentación estatal de sanciones.

La firma DLS Archer se sumó a las empresas de servicios petroleros que ratificaron que no operarán en Malvinas bajo permiso británico.

La empresa de servicios petroleros DLS Archer Ltd. S.A. confirmó mediante un comunicado oficial que no tiene ninguna participación en las actividades de exploración ni de producción de hidrocarburos en las Islas Malvinas, desligándose formalmente del Proyecto Sea Lion. Con esta ratificación, la firma responde a la coyuntura del sector hidrocarburífero regional marcada por la estricta aplicación de la normativa argentina sobre recursos en la plataforma continental.

Desde la sede de la compañía en Buenos Aires, la firma ratificó su «compromiso histórico con la Argentina, su pueblo y el desarrollo responsable del sector energético del país», remarcando que sostiene sus operaciones «en estricto cumplimiento de todas las leyes y regulaciones aplicables de la República Argentina».

«La Compañía confirma que no tiene participación alguna en el Proyecto Sea Lion y que no participa en actividades de exploración, producción ni en ninguna otra actividad relacionada con hidrocarburos que se lleve a cabo en las Islas Malvinas o en sus áreas circundantes», precisó el comunicado emitido por la entidad.


Las grandes empresas de servicios ratifican el cumplimiento normativo


El pronunciamiento de DLS Archer se produce luego de que grandes multinacionales de servicios especiales como Halliburton y Baker Hughes declinaran también prestar servicios o participar en las licitaciones vinculadas al desarrollo petrolero en las islas.

Dichas decisiones surgieron a partir de las medidas impulsadas por el Gobierno nacional a través del Ministerio de Economía y la Secretaría de Energía, que aplicaron controles e inhabilitaciones administrativas a firmas que pretendan operar sin autorización argentina.

El foco de la controversia internacional gira en torno al Proyecto Sea Lion, operado por la británica Rockhopper Exploration junto con la israelí Navitas Petroleum.

Las empresas operadoras buscaban contratar proveedores globales clave en materia de perforación, completación de pozos y logística offshore para reactivar la cuenca al norte de las islas.

Sin embargo, la vigencia de la Ley 26.659 —que sanciona las actividades petroleras no autorizadas en la plataforma continental argentina—, sumada a los decretos y resoluciones oficiales vigentes, imposibilita a las compañías de servicios operar en el territorio nacional si mantienen contrataciones o prestan asistencia técnica en el área en disputa.

Ante ese escenario, las principales firmas de la industria energética han optado por salvaguardar sus activos, contratos y presencia operativa en los yacimientos continentales y no convencionales del país, ratificando su adhesión al marco legal argentino.


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