Petróleo en Malvinas: las operadoras de Sea Lion respondieron al Gobierno y confirmaron que seguirán con el proyecto
Las firmas Rockhopper y Navitas afirmaron que las medidas anunciadas por Javier Milei no afectarán los plazos ni el desarrollo del proyecto hidrocarburífero en el Atlántico Sur.
Las firmas operadoras que encabezan el desarrollo petrolero en el bloque Sea Lion, al norte de las Islas Malvinas, salieron al cruce del paquete de medidas y sanciones anunciado por el presidente Javier Milei.
A través de un comunicado conjunto, la compañía británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum minimizaron el impacto de las advertencias del Gobierno nacional, afirmando que sus permisos continúan plenamente vigentes y que el cronograma de actividades trazado no sufrirá alteraciones operativas.
Las dos compañías que operan el yacimiento restaron trascendencia a las advertencias de la Casa Rosada y resaltaron en su declaración que las licencias concedidas por el gobierno local de las islas cuentan con el «apoyo total y continuo del Gobierno británico».
Ante esto, aclararon que no prevén consecuencias directas en la evolución económica o técnica del yacimiento Sea Lion, cuya fase de producción representa el paso hacia la extracción comercial a gran escala en aguas del Océano Atlántico, según detalló Infobae.
Desde la perspectiva de la Casa Rosada, la intensificación de estos proyectos extractivos configura un riesgo directo de apropiación ilegítima sobre recursos energéticos no renovables pertenecientes al patrimonio nacional.
El Presidente remarcó que, de no actuar con firmeza, las empresas tendrán en pocos meses la capacidad técnica para comenzar con la recolección sistemática del crudo en el mar territorial.
Para frenar este proceso, el Gobierno enviará un proyecto de ley al Congreso Nacional orientado a reformar la normativa vigente sobre hidrocarburos, endureciendo penalizaciones administrativas y penales, además de posibilitar eventuales juzgamientos en ausencia para quienes operen sin aval oficial. Asimismo, la estrategia contempla extender las inhabilitaciones hacia otros enclaves económicos del archipiélago, tales como la actividad pesquera, la ganadería ovina y la logística de cruceros turísticos.
La tensión energética también repercutió en el plano diplomático internacional, donde altos funcionarios del Gobierno británico cuestionaron los anuncios de la administración argentina.
Ministros del Gabinete del Reino Unido salieron en defensa de las licencias y reiteraron que la postura sobre la soberanía en las islas se mantiene «inamovible», argumentando que su posición se fundamenta en la autodeterminación de los pobladores locales.
En el mercado bursátil, el contrapunto político entre la Argentina y las empresas extractivas tuvo una repercusión directa en la cotización de los activos financieros.
En las horas posteriores al anuncio, los papeles de Rockhopper sufrieron un retroceso superior al 5% en la Bolsa de Valores de Londres, mientras que los activos de Navitas Petroleum registraron una baja cercana al 2% en la plaza de Tel Aviv.
Tanto Rockhopper como Navitas tienen antecedentes punitivos por parte de las autoridades regulatorias argentinas, habiendo sido objeto de resoluciones desfavorables e inhabilitaciones en los años 2013 y 2022 respectivamente.
En la misma cuenca hidrocarburífera del Atlántico Sur también conservan permisos otorgados de manera unilateral otras firmas del sector internacional, entre las que figuran la británica Borders & Southern y la canadiense JHI.
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