Condenan a un penitenciario en Roca por cobrar coimas para ingresar drogas: lo inhabilitaron de por vida
El condenado acordó una pena de un año y seis meses de prisión en suspenso. El empleado penitenciario ya no podrá volver a trabajar en contacto con internos tras probarse que cobraba dinero para facilitar el ingreso de drogas.
En una audiencia de cesura realizada en los tribunales de Roca, la Justicia resolvió la situación procesal de Néstor Fabián Pérez, el empleado del Servicio Penitenciario de Río Negro que había sido declarado culpable por el delito de cohecho pasivo. Tras un acuerdo alcanzado entre el Ministerio Público Fiscal y la defensa, se estableció una pena de un año y seis meses de prisión de ejecución condicional, sumado a una inhabilitación especial perpetua para ejercer funciones que impliquen contacto con personas privadas de su libertad.
El caso, que tomó relevancia tras el veredicto de culpabilidad dictado por la jueza Laura Pérez el pasado 5 de mayo, llegó a su etapa final. El fiscal Marcelo Ramos informó al tribunal que, tras dialogar con los defensores particulares y el propio imputado, se arribó a una convención sobre el monto de la sanción. «Hemos arribado a un acuerdo en cuanto al monto de pena a imponer, tanto para la pena de prisión como la de inhabilitación y multa que prevé el Código Penal», explicó el representante del Ministerio Público durante la audiencia.
Un pacto ilegal mediado por WhatsApp
La investigación que llevó a la condena de Pérez se remonta a una requisa efectuada el 12 de agosto de 2022 en el Establecimiento de Ejecución Penal 2. En aquel procedimiento, las autoridades secuestraron un teléfono celular en la celda de un interno que contenía evidencia irrefutable: conversaciones de WhatsApp con un contacto agendado como «El Gil», identidad que posteriormente se vinculó de manera directa con el acusado.
En esos chats, se negociaba de manera explícita el ingreso de «mari, pastillas y alcohol etílico» a los pabellones a cambio de dinero en efectivo. La fiscalía logró probar que el interno ofrecía sumas cercanas a los 10.000 pesos por la maniobra, de los cuales 4.000 quedaban en manos de Pérez «por el favor». Según consta en la causa, la jueza Laura Pérez subrayó que «el tenor de las conversaciones no deja margen para la duda» y que se trataba de un pacto venal claramente explícito entre el agente y el detenido.
La ruta del dinero y la inhabilitación perpetua
Un factor determinante para sostener la acusación fue el rastro financiero de las coimas. Durante el juicio se acreditaron transferencias bancarias realizadas a una cuenta perteneciente a la pareja del imputado por montos de 4.500 y 5.500 pesos, los cuales coincidían cronológicamente con lo pactado en los mensajes. «El cohecho se consuma con la aceptación de la promesa«, fundamentó oportunamente la magistrada al desestimar los planteos de la defensa.
Además de la pena de prisión en suspenso, la sentencia incluye una inhabilitación especial perpetua para desempeñar cargos dentro del Servicio Penitenciario Provincial que requieran trato directo con internos. Esta medida busca garantizar que el condenado no vuelva a utilizar sus funciones de mantenimiento para vulnerar la seguridad de los establecimientos carcelarios. Asimismo, se le impuso una multa equivalente al doble del monto recibido indebidamente, suma que deberá ser actualizada por el juez de ejecución penal al momento de quedar firme la condena.
Pautas de conducta y destrucción de evidencia
Al tratarse de una pena de ejecución condicional, Pérez deberá cumplir estrictas reglas de conducta por el término de dos años para evitar que la prisión se torne efectiva. Entre las obligaciones impuestas se destacan la fijación de un domicilio real bajo supervisión del IAPL, la prohibición de abusar de bebidas alcohólicas o estupefacientes en la vía pública y la obligación de realizar presentaciones bimestrales ante los organismos de control.
Durante la audiencia también se resolvió el destino de los elementos secuestrados durante la investigación.
La lectura oficial e íntegra de la sentencia se fijó para el próximo jueves 4 de junio a las 11:30 horas, instancia en la que comenzarán a correr los plazos legales para que las partes puedan interponer recursos ante el Tribunal de Impugnación si así lo desearan. Por el momento, el imputado manifestó su conformidad con los términos del acuerdo alcanzado: «Sí, estoy de acuerdo, señora», fueron las únicas palabras de Pérez ante la jueza al cierre del acto procesal.
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