Escuelita IX: comenzó el alegato de la fiscalía con la presentación de la prueba y pedidos al tribunal
El juicio Escuelita IX transita la etapa final del juicio, que continuará el 30 de julio con el pedido de las condenas de la fiscalía.
La fiscalía federal le solicitó a los jueces que para la sentencia evalúen “sobre prueba y derecho” la verdad construida hace cinco décadas, dijo el fiscal Miguel Palazzani, durante la apertura de los alegatos de la acusación. Los fiscales continuarán el 30 de julio con el pedido de penas para los 8 acusados en este juicio.
Es el noveno tramo de la causa por delitos de lesa humanidad en la región, que comenzó en marzo para el tratamiento de 17 casos de secuestros y torturas, cinco de ellos, desapariciones forzadas durante la dictadura.
El equipo fiscal, integrado por José Cendagorta, David Maestre y Gabriela Schumacher presentaron la prueba de los primeros casos que se escucharon en la sala de audiencias en marzo, con detalles del expediente y de instrucción desconocidos para el público. En las pantallas se mostraron las fichas de inteligencia del Destacamento 181 (Neuquén) y del Batallón 601 con señalamientos de “subversivos” datadas incluso desde 1974 para «marcar» las y los jóvenes que luego serían blancos de la dictadura y víctimas de tormentos.
“Es fuerte hablar de La Escuelita en esta sala, donde hay varias personas que pasaron” por ese lugar, dijo Maestre, al momento de presentar el detalle del centro clandestino de Neuquén. Según la investigación de los casos de esta jurisdicción hubo 64 personas que padecieron el cautiverio y las torturas en ese lugar.
Schumacher avanzó con los centros de detención clandestina en Bariloche, San Martín y Junín de los Andes. En la cordillera los tormentos fueron en dependencias del Ejército, de la Gendarmería y en comisarías provinciales, como las de San Martín de los Andes, Bariloche o de Catriel, en la zona petrolera de Río Negro.
Sobrevivientes y desaparecidas
El 25 de agosto se estableció como el día en el que se conocerá el veredicto. En su alegatos, la fiscalía presentó sus argumentos y pruebas contra ocho integrantes del Ejército, Gendarmería y policías acusados de secuestros y torturas desde 1976 hasta 1979, ocurridos n centros de detención clandestina en Neuquén, Catriel, Bariloche, San Martín y Junín de los Andes.
Expuso los casos de los desaparecidos Carlos Magariños y Juan Raúl Pichulmán. Comenzó con las sobrevivientes Matilde Segura y María Ester Sepúlveda, siguió con Amalia Cancio, Carlos Alberto Pérez, Estela Maria Solanas, Daniel Gallo, Mónica Elvira, Oscar Escobar, Luis Mendoza y Juan Carlos Molinez.
El 30 de julio realizará la presentación de los otros casos, que incluye otras tres desapariciones forzadas, todas ocurridas en Cipolletti. La audiencia comenzará a las 9 y está previsto que finalice con el pedido de penas para los ocho imputados.
Tras el requerimiento de la fiscalía, la defensas públicas y particular tendrán dos días para presentar sus alegatos. Los acusados asisten en modo virtual.
La desaparición de Magariños
Palazzani solicitó que el Tribunal se pronuncie en la sentencia sobre el homicidio de Carlos Magariños, aunque por razones de senilidad, su caso no tuvo imputados luego de que Oscar Lorenzo Reinhold, el jefe de Inteligencia del Comando, quedara fuera del proceso, por senilidad. Por su secuestro en Cipolletti, el grupo de tareas fue condenado en un juicio anterior, pero en esta causa, se trató su desaparición forzada.
«Diez de las 17 víctimas en esta causa, se habían ido de donde vivían porque sabían que los seguían, eran objetivos de la represión», destacó Palazzani, quien recordó la centralidad del accionar de Inteligencia del Ejército y de las otras fuerzas represivas que integraban esa red de inteligencia en el desarrollo del plan sistemático de persecución política.
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