«Intimidación y silencio»: ADEPA denunció que la AFA de Chiqui Tapia busca callar a periodistas con juicios millonarios

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) encendió las alarmas ante lo que calificó como un crecimiento de «estrategias de intimidación» por parte de la dirigencia del fútbol. En un comunicado contundente, la entidad apuntó directamente contra el presidente de la AFA, Claudio «Chiqui» Tapia, y su tesorero, Pablo Toviggino.

Según ADEPA, en las últimas semanas se multiplicaron las presiones contra profesionales de prensa que investigan asuntos de interés público vinculados a la AFA. La metodología denunciada incluye el envío sistemático de cartas documento, amenazas de acciones legales y demandas civiles millonarias.

Viale, Trebucq y O’Donnell: la lista de los apuntados

La gravedad de la situación radica en la transversalidad de los ataques. No se trata de un conflicto con un medio en particular, sino de una embestida contra voces diversas del periodismo nacional. Entre quienes enfrentaron estas presiones recientes, ADEPA destacó a:

• Alejandro Alfie (Clarín)
• María O’Donnell (Urbana Play / La Nación)
• Jonatan Viale (TN)
• Esteban Trebucq (La Nación+)
• Mario Pergolini (Vorterix)

Qué son los «SLAPPs»: la herramienta para callar

La entidad, respaldada por organismos internacionales, encuadró estas maniobras bajo el concepto de «SLAPPs» (Demandas Estratégicas contra la Participación Pública, por sus siglas en inglés).

No son juicios comunes: son demandas abusivas cuyo objetivo no es necesariamente ganar el litigio, sino amedrentar al periodista, generarle costos económicos desproporcionados y desgastarlo psicológicamente para «desalentar investigaciones y promover la autocensura».

«Estas acciones, sumadas a campañas de hostigamiento en redes sociales, provienen de autoridades de la AFA y de abogados vinculados a ellos», remarcó el documento.

Para ADEPA, el acceso a la información sobre el manejo del fútbol argentino es un derecho de la ciudadanía que hoy está bajo amenaza. «La libertad de expresión necesita profesionales que puedan investigar e informar sin miedo a represalias», concluyeron.