La mujer acusada de ejercer como médica con un título falso en Roca seguirá libre, pero usará tobillera
La Justicia de Río Negro investiga si utilizó documentación apócrifa de la Universidad de los Andes y la UNCo para obtener su matrícula. Se le impuso el uso del dispositivo electrónico y la inhibición de sus bienes ante el riesgo de fuga. Trabajó en el hospital público y privado desde el 2020.
Este jueves se llevó a cabo una audiencia de medidas cautelares contra una mujer acusada de montar una farsa profesional que le permitió ejercer la medicina durante seis años en General Roca. Según la fiscalía, la imputada presentó títulos universitarios y resoluciones falsificadas para obtener la matrícula habilitante, desempeñándose tanto en el Hospital Francisco López Lima como en clínicas privadas de la ciudad.
La investigación se inició tras una denuncia formal del Ministerio de Salud de Río Negro. Las autoridades sanitarias detectaron que la mujer no figuraba en los registros de graduados de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) ni poseía un título revalidado de la Universidad de los Andes (Venezuela), institución que invocaba en su currículum.
Los delitos: defraudación y ejercicio ilegal
La fiscal María Celeste Benatti expuso una serie de delitos graves que pesan sobre la sospechosa. Entre los que se encuentran adulteración de títulos y resoluciones universitarias.
La fiscalía atribuyó provisoriamente los delitos de ejercicio ilegal de la medicina (artículo 208 inciso 1°), usurpación de títulos (artículo 247), falsificación de documento público (artículo 292 inciso 1°), uso de documento público falso (artículo 296) y defraudación agravada contra la administración pública.
“Atendía pacientes particulares y daba informes a las familias”, detalló la fiscal, subrayando que la mujer contaba con sellos y recetarios que fueron secuestrados en dos allanamientos recientes.
Riesgo de fuga y capacidad económica
A pesar de que el defensor particular, Ceballos Díaz, apeló a la presunción de inocencia de su asistida, la fiscalía solicitó medidas de coerción estrictas. El argumento principal fue el peligro procesal: la mujer cuenta con la solvencia económica y patrimonial suficiente para abandonar el país, además de poseer pasaporte y residir cerca de un aeropuerto.
La fiscalía enfatizó la necesidad de proteger la investigación, especialmente ante la gran cantidad de documentación que aún resta extraer y analizar de los centros de salud que están colaborando con la causa.
Las medidas dictadas por la Justicia
La Jueza de Garantías Natalia González consideró que el riesgo de fuga está debidamente sustentado y otorgó la mayoría de las medidas solicitadas por el Ministerio Público Fiscal. La mujer permanecerá en libertad, pero sujeta a restricciones judiciales hasta el 18 de octubre de 2026:
Se le colocó una tobillera electrónica para asegurar su permanencia en la ciudad de Roca. También se le fijó prohibición de salida del país con retención de documentación de viaje.
González solicitó la inhibición general de bienes por un plazo preliminar de seis meses para asegurar el cese del provecho delictivo.
Finalmente la jueza estipuló la obligación de informar cualquier movimiento fuera de la localidad. Aunque la jueza no consideró necesaria la presentación bisemanal en la comisaría de Padre Stefenelli, validó la inhibición de bienes como una medida «razonable» ante la gravedad de los hechos investigados. La causa continúa en etapa de investigación criminal.
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