Tres médicos fueron imputados en Viedma por la muerte de una joven: acusan una omisión en un tratamiento
El Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra tres médicos por la muerte de una joven de 22 años internada en un centro privado de Viedma. La acusación sostiene que no se aplicó a tiempo un tratamiento ante la sospecha de PTT.
El Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra tres médicos por el delito de homicidio culposo en una investigación por la muerte de una joven de 22 años ocurrida en diciembre de 2024, mientras permanecía internada en un centro privado de salud de Viedma. La Fiscalía sostuvo que el fallecimiento estuvo relacionado con la falta de implementación oportuna de un tratamiento indicado ante la sospecha de Púrpura Trombótica Trombocitopénica (PTT).
El juez de Garantías Guillermo González Sacco tuvo por formulados los cargos y estableció un plazo de cuatro meses para continuar con la investigación. Además, a pedido de la defensa, dispuso que no se difundan los nombres ni las imágenes de los tres imputados para no afectar medidas que puedan desarrollarse en el expediente.
Qué sostiene la Fiscalía
Según explicó la fiscal Paula de Luque, uno de los profesionales imputados se desempeñaba en la guardia a la que la joven ingresó durante la mañana del 15 de diciembre de 2024. Los otros dos cumplían funciones de coordinación en la Unidad de Terapia Intensiva y, de acuerdo con la acusación, los tres integraban el equipo médico que asistió a la paciente.
La Fiscalía señaló que el 18 de diciembre se obtuvieron resultados compatibles con anemia hemolítica microangiopática (MAHA) y que esos estudios confirmaban la sospecha de PTT. Desde ese momento, sostuvo, el tratamiento indicado y de carácter urgente era la plasmaféresis.
De acuerdo con la evidencia científica incorporada a la causa y citada por la acusación, ese procedimiento permite reducir la mortalidad de la enfermedad de más del 90% a menos del 20%. La fiscalía afirmó que los tres profesionales conocían la sospecha diagnóstica, el tratamiento indicado y la posibilidad de realizarlo en la institución, pero que no lo implementaron, lo que habría incrementado el riesgo derivado de la patología.
La joven murió el 19 de diciembre de 2024. El certificado de defunción consignó como causa la Púrpura Trombótica Trombocitopénica.
La prueba incorporada al expediente
Para sostener la acusación, el Ministerio Público Fiscal presentó la denuncia penal realizada por el padre de la joven y su posterior ratificación, la historia clínica, estudios complementarios y una pericia elaborada por una junta médica del Cuerpo de Investigación Forense.
También incorporó la respuesta de profesionales del establecimiento privado, quienes informaron que la institución contaba con la posibilidad de realizar plasmaféresis, además de las declaraciones de otros cinco médicos.
La Fiscalía destacó que el informe de la junta médica dejó planteados interrogantes respecto de por qué no se realizó el procedimiento y señaló que todavía resta obtener información. Durante la misma jornada recibió, además, una respuesta del centro de salud aportada por la defensa que será analizada.
Por ese motivo, De Luque solicitó un plazo de cuatro meses para profundizar las medidas. La querella, ejercida por Favio Igoldi, adhirió al planteo.
Qué respondió la defensa
El abogado Damián Torres, quien representa a los tres médicos, se opuso a la formulación de cargos. Cuestionó el hecho atribuido y sostuvo que la acusación no alcanzaba los estándares necesarios para avanzar en esta instancia.
La defensa planteó que no se encontraba individualizada la conducta correspondiente a cada uno de los imputados ni qué norma habría infringido cada profesional. También cuestionó la relación planteada por la Fiscalía entre la supuesta demora del tratamiento, el incremento del riesgo y el resultado muerte.
Torres repasó las respuestas brindadas por el centro asistencial y sostuvo que la actuación de los profesionales no tuvo injerencia en el fallecimiento, que atribuyó a la propia enfermedad.
La causa continúa en etapa de investigación
Luego de escuchar a las partes y requerir distintas precisiones, González Sacco tuvo por formulados los cargos contra los tres médicos como autores, conforme a los artículos 45 y 84 del Código Penal.
La resolución no implica una declaración de responsabilidad penal, sino la habilitación de la investigación preparatoria para determinar cómo se desarrolló la atención médica y si existió la conducta que sostiene la acusación fiscal.
El expediente continuará durante los próximos cuatro meses con nuevas medidas y análisis de la documentación incorporada, incluida la información remitida por el establecimiento de salud.
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