Tragedia en Chile: murieron dos operarios tras un brutal alud de nieve en la mina subterránea más grande del mundo
Un deslizamiento en la región de O'Higgins este domingo 11 de octubre terminó con la vida de dos operarios de la empresa AURA. Mientras el Gobierno y la Cámara de Diputados exigen investigar las condiciones de seguridad, la Dirección del Trabajo paralizó las operaciones en la zona del siniestro.
La minería estatal chilena se vio sacudida por una nueva tragedia este fin de semana largo. Un alud de nieve y barro registrado en las alturas de la cordillera de la región de O’Higgins cobró la vida de dos trabajadores contratistas que prestaban servicios en la División El Teniente de Codelco. El fatal accidente, que además dejó a otros dos operarios con lesiones leves, desató de inmediato un amplio despliegue de los equipos de emergencia institucionales, policiales y gubernamentales, y abrió una profunda investigación sobre las condiciones operativas y las medidas de prevención vigentes en la mina subterránea más grande del mundo.
Según informó BíoBíoChile, el letal deslizamiento se produjo cerca de las 13 de este domingo 11 de octubre en el sector denominado El Cráter Norte (originalmente reportado en las cercanías del ADIT 42, en el sector Rajo Sur). En ese agreste punto, una cuadrilla de cuatro trabajadores pertenecientes a la empresa contratista AURA se encontraba realizando labores de despeje y limpieza de caminos nevados, para lo cual utilizaban una motoniveladora y una camioneta de apoyo. De acuerdo con los antecedentes preliminares recopilados en el lugar, los operarios se hallaban fuera de los vehículos, posiblemente preparándose para almorzar, cuando fueron sorprendidos por la avalancha que bajó por la ladera.
La magnitud de la emergencia obligó a Codelco a activar todos sus protocolos de rescate. Aunque en un primer momento la información era confusa y se hablaba de operarios atrapados al interior de una camioneta, el avance de las horas y el trabajo de la Fiscalía y la Policía de Investigaciones (PDI) permitieron esclarecer la dinámica de los hechos. Dos de los operarios lograron reaccionar a tiempo y escapar del grueso del deslizamiento, resultando solo con heridas menores. Sin embargo, sus otros dos compañeros fueron alcanzados y sepultados por la violenta masa de nieve, perdiendo la vida en el lugar.
El hallazgo y los primeros testimonios
La confirmación oficial de las identidades tardó varias horas debido a las complejas condiciones meteorológicas y de acceso a la zona del desastre. Ya en la jornada del lunes, las autoridades identificaron a las víctimas fatales como Guillermo Guajardo López, de 53 años, y Diego Ponce Ponce, de 34 años.
Según detalló el fiscal adjunto de Rancagua, José Villacura Carrasco, el cuerpo del trabajador de 53 años fue el primero en ser localizado cerca de las 15 del domingo y pudo ser identificado rápidamente gracias a sus documentos personales. Por su parte, la segunda víctima fue hallada a una distancia mayor del punto de impacto inicial, producto del arrastre de la avalancha, concretándose su identificación momentos más tarde.
La noticia del deceso generó profundo dolor y también fuertes cuestionamientos por parte del entorno de las víctimas. Durante la tarde del domingo, antes incluso del comunicado oficial de Codelco confirmando las muertes, la familia de uno de los operarios se enteró de la tragedia a través de un canal no institucional. «Mi hermano mayor nos llamó, estaba ayudando en el rescate y nos dijo que lo habían encontrado muerto», relató la hija de una de las víctimas en diálogo con Canal 13. En la misma transmisión, la esposa del trabajador expresó su indignación por el manejo de la información corporativa: «Soy prácticamente viuda y nadie se acerca a decir nada, es cruel».
Por su parte, la empresa estatal emitió una declaración pública expresando que el deceso se constató «pese a los esfuerzos desplegados por los equipos de emergencia y a las maniobras realizadas en el lugar», y envió sus «más sentidas condolencias y solidaridad a las familias, seres queridos, compañeros de trabajo y equipos de las empresas afectadas».
A estas palabras se sumó el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, y el propio presidente de la República, José Antonio Kast, quien utilizó su cuenta de X para lamentar «otra tragedia que enluta al país» tras lo que definió como «un invierno duro para Chile».
Detalles del accidente y la investigación de la Fiscalía y PDI
Para esclarecer de manera fehaciente las causas y eventuales responsabilidades en la tragedia, la Fiscalía instruyó de inmediato la concurrencia de la Brigada de Homicidios (BH) de la PDI, peritos del Laboratorio de Criminalística Regional y efectivos del GOPE de Carabineros. Las primeras diligencias en el terreno, que debieron realizarse con celeridad antes del anochecer por el riesgo inminente de nuevos desprendimientos, confirmaron que se trató principalmente de un alud de nieve.
El subprefecto Juan Reyes, jefe de la BH de Rancagua, explicó que tras el hallazgo de los cuerpos, estos fueron trasladados a la posta Sewell, donde se les realizó un examen externo preliminar. «Todo indicaría externamente que ellos fallecieron producto del aplastamiento de nieve», sostuvo el jefe policial, detallando que las víctimas no presentaban lesiones atribuibles a la acción de terceras personas. No obstante, aclaró que será el Servicio Médico Legal (SML) la entidad encargada de dictaminar la causa precisa de muerte, que preliminarmente se asocia al arrastre y aplastamiento.
Más allá del fenómeno natural, el foco penal e investigativo está puesto ahora en el contexto laboral. «La faena ya es riesgosa, por lo tanto no significa que haya un conflicto de carácter penal, sino que hay que ver en qué condiciones estaba realizándose, si se cumplían con los requisitos de seguridad, de información previa», advirtió el fiscal Villacura.
En este sentido, la PDI ya tomó declaración a los dos trabajadores sobrevivientes en calidad de testigos y tiene contemplado entrevistar al personal de la administración de turno de la faena para determinar si existió alguna negligencia o responsabilidad humana que haya incidido en el desenlace.
La intervención del Congreso y la suspensión de la Dirección del Trabajo
El letal episodio encendió de inmediato los resortes políticos y fiscalizadores del Estado. La Dirección del Trabajo (DT) desplegó el mismo domingo a sus equipos en El Teniente, permaneciendo en el yacimiento hasta pasada la medianoche. El resultado de esa primera incursión fue contundente: el organismo ordenó mantener suspendidas todas las labores en el sector del siniestro y advirtió que la faena no podrá retomarse hasta que Codelco acredite formalmente que existen las condiciones necesarias de seguridad para los operarios.
David Odo, director nacional del Trabajo, informó que tanto la empresa matriz como la contratista y subcontratista tienen un plazo máximo perentorio de cuatro días hábiles para entregar la totalidad de los antecedentes exigidos. El funcionario aportó un dato que generó alerta: la empresa contratista AURA ya arrastraba un historial de más de 200 fiscalizaciones por materias de salud y seguridad laboral, una cifra similar al historial de fiscalizaciones vinculadas a higiene y seguridad que acumula la propia División El Teniente. Frente a este panorama, Odo fue categórico al afirmar que «no basta con multar», y adelantó que su cartera diseña un plan para reforzar drásticamente la prevención en faenas con altos índices de accidentabilidad.
En paralelo a la acción del Ejecutivo, el Poder Legislativo también tomó cartas en el asunto. La Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputadas y Diputados, presidida por el parlamentario Cristián Tapia, anunció que citará de urgencia a la cúpula de Codelco y a diversos organismos estatales, incluyendo al Sernageomin, la Dirección del Trabajo, la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), las mutualidades y organizaciones sindicales.
Los legisladores adelantaron que su principal objetivo será aclarar por qué se estaban efectuando labores de inspección y despeje en una zona donde, en teoría, las operaciones productivas se encontraban suspendidas producto de las adversas condiciones meteorológicas. La comisión exigirá conocer al detalle qué evaluaciones de riesgo se realizaron antes de autorizar el ingreso de la cuadrilla, quién dio la orden operativa y cuáles eran las medidas preventivas específicas para el sector de El Cráter. Asimismo, los diputados pondrán la lupa sobre la cadena de subcontratación en la minería estatal, con el fin de determinar si la existencia de distintos niveles de tercerización diluye las responsabilidades y afecta negativamente la aplicación de los estándares de protección exigidos en la industria.
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