Concejales de Bariloche insisten con la municipalización del servicio eléctrico

Los bloques Frente de Todos y PUL presentaron un nuevo proyecto para el traspaso del poder concedente. Semanas atrás el presidente de la CEB dijo a RÍO NEGRO que se debería cumplir el mandato de la Carta Orgánica.

El tironeo por el poder concedente eléctrico entre el municipio de Bariloche y la provincia quedará instalado una vez más en el Concejo Municipal, donde los bloques del Frente de Todos y del partido PUL presentaron un proyecto de ordenanza para “ratificar la jurisdicción y competencia” del Estado local sobre ese servicio.

Ya en 2007 y luego en 2017 el Concejo aprobó comunicaciones en ese sentido, pero esta vez los concejales opositores decidieron impulsar una ordenanza y esperan precipitar una definición de sus pares de Juntos Somos Río Negro y del intendente Gustavo Gennuso, alineados con el gobierno provincial.

El proyecto presentado días atrás con la firma de Julieta Wallace, Marcelo Casas, Roxana Ferreyra (FdT) y Gerardo del Río (PUL) subraya la necesidad de “reivindicar el poder concedente municipal del servicio de distribución de energía eléctrica” y no se priva de recordar que en 2007 una declaración en igual sentido fuer aprobada por unanimidad en el Concejo, cuando lo integraba también por la actual gobernadora Arabela Carreras.

El debate sobre el poder concedente eléctrico se reavivó en los últimos días por declaraciones del presidente de la CEB, Carlos Aristegui, en RÍO NEGRO y también por la proximidad de la fecha de vencimiento del contrato de prestación que vincula a esa empresa con la provincia, y que tiene vigencia hasta 2027.

Los concejales del FdT y el PUL sostienen que “es legítimo y pertinente plantear la reivindicación del municipio”, en materia de servicio eléctrico porque desde 1957 a 1987 “Bariloche produjo, distribuyó y abasteció a sus habitantes de energía” y durante años hubo “concurrencia” con la provincia, que “acordaba y aceptaba la normativa municipal”.

Pero todo cambió en la década del 90, cuando Río Negro aprobó el actual marco regulatrorio y se quedó con el poder concedente. “Lamentamos que dentro de los que aprobaron esas leyes participaron vecinos de esta ciudad, perjudicando al municipio y a la cooperativa creada por sus propios habitantes”, dijeron ahora los concejales que impulsan la recuperación.

Entendieron que la ley aprobada en 1998 por la provincia, durante el gobierno de Pablo Verani, fue “el mayor robo de la historia a la ciudad de Bariloche”. Subrayaron que la prórroga del contrato con la CEB firmada en 1998 “es tan leonina y malintencionada que prevé la transferencia de los bienes a la provincia al final del contrato” y el posterior llamado a una licitación internacional.

Los concejales invocaron artículos de la Constitución de la provincia que prioriza la atribución municipal en relación con los servicios públcios locales.

A partir de la última reforma de la Carta Orgánica exige un mandato expreso para que el gobierno municipal reclame la devolución del poder concedente a la provincia. Pero las declaraciones aprobadas en ese sentido no dieron ningún resultado. La provincia hasta ahora hizo oídos sordos, con este y otros gobiernos.

Aristegui dijo que la municipalización del servicio eléctrico tiene implicancias políticas y económicas, que depende de una decisión del gobierno provincial y que “este podría ser el momento”.

El proyecto de ordenanza presentado hace pocos días “ratifica formalmente ante la provincia (…) la titularidad, jurisdicción, competencia y poder concedente sobre la prestación del servicio público de suministro de energía eléctrica dentro del municipio municipal”, invoca los “hechos históricos que sustentan la propiedad originaria” sobre asunto bajo análisis y encomienda al Ejecutivo municipal que “se avoque a la confección de un nuevo contrato de concesión con la CEB”.


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