Créditos VIP: piden investigar al Banco Nación por préstamos de hasta $510 millones a funcionarios y legisladores
La polémica estalló tras conocerse préstamos hipotecarios de hasta $510 millones otorgados a legisladores y miembros del Ejecutivo. Mientras la oposición exige transparencia, el BNA defiende la legitimidad de su línea exclusiva para el sector público.
La controversia se originó a partir de datos de la Central de Deudores del BCRA procesados por la plataforma “¿Cuánto deben?”.
El relevamiento expuso deudas hipotecarias de funcionarios vinculados a Javier Milei que, en varios casos, superan los $500 millones, bajo condiciones más favorables que las del cliente bancario promedio.
Entre los beneficiarios figuran nombres clave de la estructura económica y legislativa del oficialismo, según lo publicado por La Nación.
- Pedro Inchauspe (Director del BCRA): Registra la deuda más alta, con $510.654.000.
- Felipe Núñez (Director del BICE): Deuda reportada de $373.000.000.
- Federico Furiase (Secretario de Finanzas): Pasivo de $367.059.000.
- Juan Pablo Carreira («Juan Doe»): Crédito de $112.948.000.
- Diputados LLA: promedian deudas de $250 millones.
El reclamo de la oposición: transparencia y ética
El diputado Esteban Paulón lideró un pedido de informes en el Congreso, cuestionando la ética de estas adjudicaciones. El legislador señaló que algunos créditos coinciden temporalmente con votaciones clave y exigió fiscalizar que el patrimonio de la banca pública no se utilice para beneficios políticos particulares.
Ante la escalada del conflicto, el Banco Nación aseguró que el sistema es «homogéneo y sin excepciones manuales». La entidad explicó que los funcionarios accedieron a la línea “+Hogares sector público”, que ofrece ventajas comparativas:
- Financiamiento: Cubre hasta el 90% del valor de la propiedad (el mercado suele limitar al 75%).
- Tasa de interés: Se ubica en un 6% anual, una de las más competitivas del sistema.
- Segmentación: Dirigida a quienes perciben sus haberes en la entidad, condición que cumplen los funcionarios del Estado Nacional.
El debate técnico y ético persiste: especialistas cuestionan si un funcionario con cargo transitorio debe ser equiparado a un empleado público de carrera para acceder a créditos de tan largo plazo y con beneficios de financiamiento tan elevados.
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