Emergencia pediátrica: los puntos claves de la ley que vetó Javier Milei y que beneficiaba al hospital Garrahan

El presidente Javier Milei vetó la Ley de Emergencia Pediátrica, una norma que había sido aprobada por el Congreso con una amplia mayoría el pasado 22 de agosto. La iniciativa contemplaba una recomposición salarial y un aumento presupuestarios beneficiando principalmente al funcionamiento del hospital Garrahan.

Pese a que la ley abordaba una crisis en el sistema de salud infantil, el gobierno de Javier Milei justificó el veto tras argumentar la necesidad de mantener el equilibrio fiscal.

Los puntos principales de la ley

El proyecto de ley se basó en los siguientes puntos:

• Declaración de emergencia: declaraba la «emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias nacionales» por un año, buscando visibilizar y abordar la grave situación del sistema de salud para niños.

• Prioridad presupuestaria: establecía que los programas de salud infantil y adolescente debían recibir prioridad en la asignación de recursos.

• Funcionamiento del hospital Garrahan: reconocía al hospital de Pediatría «Prof. Dr. Juan P. Garrahan» como centro de referencia nacional en atención pediátrica de alta complejidad y garantizaba su «funcionamiento pleno y sostenido».

• Recomposición salarial: la norma también contemplaba una recomposición salarial para el personal de salud que atiende a niños, incluyendo a los residentes.

• Exención del Impuesto a las Ganancias: eximía del pago del Impuesto a las Ganancias al personal de salud por los ingresos generados por horas extras, guardias y otras actividades críticas.

• Derogación de una resolución: la ley buscaba derogar la resolución 2109, una normativa previa que había modificado el sistema de residencias médicas, lo que había generado un conflicto con los profesionales de la salud.

Con información de Infobae

Los argumentos del veto a la Emergencia «en el Garrahan»

El Decreto que veta la Ley de Emergencia Pediátrica en el Garrahan lleva la firma del Presidente y de todo el gabinete nacional. Sus fundamentos son:

• Impacto Fiscal Directo: El Gobierno estimó un «impacto fiscal directo» de $115.030.000.000 por la recomposición salarial prevista en la ley.
• Desfinanciación de otros programas: Aduce que este gasto debería financiarse con «reasignaciones dentro del presupuesto del Ministerio de Salud y con reservas destinadas a contingencias sanitarias», lo que «inevitablemente conduciría a la desfinanciación de programas sanitarios vigentes y a la erosión de los recursos destinados para prestar asistencia en emergencias».
• Comparaciones alarmantes: Para ejemplificar el impacto, el Gobierno comparó el monto con «un tercio del calendario total de vacunas, tres veces el crédito destinado para políticas de cobertura en VIH, lepra, tuberculosis, ITS y hepatitis virales o al financiamiento de un año y medio de la Dirección Nacional de Asistencia Directa y Compensatoria (DINADIC)».
• «Aumento desmedido e irresponsable»: El decreto sostiene que el proyecto «carece de un financiamiento genuino», tiene una «redacción ambigua que fomenta la arbitrariedad», «profundiza distorsiones salariales, compromete programas esenciales, erosiona la coparticipación federal y pone en jaque la estabilidad presupuestaria de la Nación y de las provincias».