«La Corte puede esperar»: por qué Javier Milei frena los nombramientos en el Máximo Tribunal y prioriza los juzgados clave
El Gobierno nacional frena la discusión para cubrir las vacantes en la Corte Suprema y concentra sus fichas en la designación de jueces y fiscales federales. El control de los juzgados electorales funciona como pieza de cambio con los gobernadores.
Aunque el presidente Javier Milei reconoció públicamente que evalúa nombres para completar los dos casilleros vacantes en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Casa Rosada resolvió congelar el debate de fondo. En el entorno del mandatario aseguran que iniciar una negociación por el Máximo Tribunal paralizaría la agenda parlamentaria en un año electoral. La prioridad absoluta de Balcarce 50 pasa hoy por acelerar la cobertura de cientos de juzgados, fiscalías y defensorías en todo el país.
La estrategia, capitaneada por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, bajo la supervisión de Karina Milei, busca cosechar poder territorial en la justicia ordinaria antes de dar la batalla institucional por el máximo tribunal del país.
La caja de negociación: el freno a los juzgados electorales
A diferencia del resto de los fueros, el Poder Ejecutivo congeló deliberadamente el envío de pliegos para ocupar los juzgados con competencia electoral en las provincias. En el mapa libertario, estos despachos representan la principal carta de negociación con las estructuras políticas locales:
- Músculo político: los tribunales electorales concentran decisiones estratégicas sobre el armado de listas, la personería de los partidos y el control del calendario de votación.
- El atractivo en las provincias: en distritos con fuerte perfil extractivo o minero, los jueces electorales suelen acumular competencias sobre la regulación de recursos estratégicos. Retener estas vacantes le permite al Gobierno central exigir respaldo legislativo a los gobernadores a cambio de consensuar esos nombres.
- Comodoro Py en la mira: el oficialismo busca avanzar primero sobre la justicia federal de primera y segunda instancia antes de arriesgar una derrota política en el Senado por las sillas del Máximo Tribunal.
Durante una entrevista en Radio Mitre, el propio Milei aclaró que la decisión sobre la Corte tomará tiempo y requerirá un «trabajo serio». Paralelamente, el Ministerio de Justicia aceleró el concurso de vacantes ordinarias para cubrir un fuero federal que registraba un 35% de cargos desocupados al inicio de la gestión.
Los datos clave del despliegue oficialista muestran:
- Pliegos girados al Senado: el Ejecutivo envió 203 pliegos en lo que va del año (144 para jueces, 26 para fiscales, 25 para defensores y 4 listas de conjueces).
- Nombramientos concretados: se oficializó la designación de 96 funcionarios y otros 85 pliegos aguardan acuerdo parlamentario.
- Reducción de la vacancia: de los 568 puestos sin cubrir sobre un total de 1.640 cargos en el fuero federal y nacional, el Gobierno proyecta recortar la parálisis al 27% antes de fin de año.
La mira puesta en la Procuración General
Con la Corte funcionando con sus tres miembros actuales —Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti—, la Casa Rosada evalúa un movimiento de mayor impacto operativo: impulsar la designación del Procurador General de la Nación.
Con la implementación plena del sistema acusatorio, la jefatura de los fiscales federales adquirió un volumen de poder superior al de muchos magistrados. En el círculo íntimo del Presidente entienden que consolidar un nombre propio al frente del Ministerio Público Fiscal garantizará un control más efectivo sobre la persecución penal que dar una disputa desgastante por la conducción de la Corte Suprema.
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