Revés para la fiscalía en el caso Luis Bertolini: las razones de la jueza que rechazó la prisión domiciliaria para el intendente

La jueza de Garantías, Carina Álvarez, rechazó este jueves la prisión domiciliaria que había solicitado la fiscalía para el intendente de Plottier, Luis Bertolini, en la causa en la que se lo investiga por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública.

La magistrada habló en duros términos del pedido formulado por la fiscalía que conduce Pablo Vignaroli, al considerarla «una medida de gravedad institucional» sin suficientes fundamentos. En cambio, optó por otras medidas para garantizar que no se entorpezca la investigación.

Álvarez ya había tenido por formulados el martes los cargos contra el intendente Bertolini; la subsecretaria de Hacienda, Gladys Ramírez; el hijo de ésta, Mauricio López; y el empresario Pedro Vilchez, titular de varias empresas.

La acusación refiere que el municipio acordaba compras de una gran variedad de productos y servicios con Vilchez, que es socio de López. El monto de la maniobra asciende a 2.300 millones de pesos, pero el fiscal jefe Pablo Vignaroli admitió que aún no detectaron perjuicio patrimonial.

La fiscalía de Delitos Económicos, a través de la fiscal del caso Rocío Rivero, había pedido esta semana la prisión domiciliaria del intendente por seis meses por considerar que existe riesgo de entorpecimiento de la investigación.

Prohibición de contacto con testigos

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«En relación a Bertolini, voy a rechazar la prisión domiciliaria», dijo la jueza Álvarez, «no sólo porque la entidad del riesgo impide imponer una medida de coerción de las más gravosas que prevé el Código, sino que en lo sustancial importaría una situación de gravedad institucional».

Dirigiéndose al intendente añadió que «lo estaría apartando de la función para la cual usted fue electo en la ciudad de Plottier y por la cual oportunamente va a tener que rendir cuenta a la comunidad, pero no es en prisión domiciliaria donde pueda usted cumplir su función«.

En esa línea señaló que «usted cuenta con la legitimidad de origen otorgada por el voto popular de su ciudad y este voto popular trasciende el interés individual del proceso para afectar directamente el normal funcionamiento de las instituciones democráticas».

«Entiendo que resulta desproporcionado -continuó la jueza- pedir que se prive de la libertad a un mandatario bajo la formulación de cargos por negociaciones incompatibles con la función pública, un delito que, sin desmerecer que es un delito de corrupción y sin desmerecer la relevancia de uno de este tipo de delitos, lo cierto que no justifica desarticular la voluntad del electorado».

Dictar una medida de esa naturaleza «vulnera el derecho de la comunidad de Plottier de ser gobernada por quien ha sido democráticamente designado y esta magistrada no los va a privar de esta gestión«. 

«Quiero hacer hincapié en que había y hay medidas de menor proporción que la fiscalía debía explorar para neutralizar ese riesgo que, pero como no fueron litigadas, como no fueron presentadas a esta magistrada, me es imposible imponerlas«. 

Por ello, «la única medida de las litigadas en el caso que voy a disponer es la prohibición de contacto del intendente por cualquier medio con los empleados» identificados por la fiscalía como testigos claves. 

En relación a Gladys Ramírez, «la situación es distinta», Le habló a la subsecretaria de Haciencia: «usted no tiene un cargo electivo. Fue designada de confianza del intendente.»

Con lo cual, «esta prohibición de acercamiento al municipio, esta prohibición de contacto con los empleados que nombré, y con el resto de los testigos que se nombraron en la audiencia, no causa ningún tipo de riesgo o daño a la gobernabilidad de la intendencia, y así es que voy a decidir imponer estas medidas cautelares también por el mismo término».

La jueza Carina Álvarez también rechazó las medidas cautelares de inhibición general de bienes y de embargo preventivo solicitadas por la fiscalía y dejó sin efecto la orden de embargo dictada el martes pasado.