Una empresa de EE.UU. criticó la licitación de la hidrovía de Milei por «favorecer» a un consorcio con vínculos con China
Si bien dos grandes compañías de Bélgica compiten por ganar la liticación, una firma estadounidense cuestionó que las condiciones favorecen a la empresa que tiene vínculos con Shangai y apuntó contra el silencio de China luego de que la adminstración libertaria prohibiera la participación de empresas estatales.
La emblemática concesión de la hidrovía del río Paraná, una de las principales obras de infraestructura impulsadas por el presidente Javier Milei para potenciar la exportación de granos, quedó envuelta en una fuerte polémica. Una importante empresa de dragado de Estados Unidos criticó las condiciones del proceso licitatorio impulsado por el Gobierno nacional, alegando que las exigencias benefician claramente a un consorcio con vínculos históricos con China.
La disputa enfrenta en los papeles a dos gigantes de Bélgica: Dredging Environmental & Marine Engineering NV (DEME) contra un grupo liderado por Jan de Nul NV, la compañía que ha estado a cargo del dragado del Paraná desde la década de 1990.
Sin embargo, la firma Great Lakes Dredge & Dock Co., con sede en Houston y considerada el mayor proveedor de servicios de dragado de EE.UU., se asoció al consorcio de DEME y denunció que existe una desigualdad de condiciones en los requisitos contractuales.
Las polémicas cláusulas y la acusación de un pliego «a medida» de China
Las críticas más severas apuntan al diseño técnico de la subasta. «La licitación se ha diseñado a medida del adjudicatario actual», sentenció Chris Gunsten, vicepresidente sénior de servicios de proyectos de Great Lakes, según reveló Bloomberg. También planteó abiertamente sus sospechas al preguntarse si el proceso «ya está todo amañado».
El líder de la compañía norteamericana objetó principalmente dos requisitos excluyentes del pliego licitatorio.
En primer lugar, apuntaron con que la concesión exige que la empresa postulante haya dragado previamente 250 kilómetros de río de forma continua, una hazaña logística poco común que Jan de Nul logró precisamente gracias a su extensa concesión de 25 años en el propio río Paraná.
A la vez, cuestionaron la estipulación de un piso tarifario. Gunsten aseguró que, en sus 34 años en el sector, nunca vio una condición similar, ya que «el propietario suele querer el precio más bajo con el nivel adecuado de calidad».
Además, las bases establecen que cualquier empresa que busque oponerse a un requisito deberá depositar una «fianza de objeción» por 10 millones de dólares, monto que el Estado argentino podrá retener si las autoridades rechazan dicho planteo.
El «silencio» de China y la respuesta del Gobierno
El trasfondo de esta compulsa comercial está fuertemente marcado por la geopolítica. La decisión de Milei de no abrir la licitación a entidades estatales alimentó la percepción de que el líder libertario buscaba excluir directamente a las firmas chinas, en un claro guiño a la administración estadounidense de Donald Trump.
Esta jugada se enmarcó en un contexto de fuerte respaldo financiero de Estados Unidos, que recientemente rescató a Milei con una ayuda de 20.000 millones de dólares en las últimas elecciones legislativas.
A pesar de las restricciones impuestas a capitales públicos, asesores de DEME y Great Lakes advirtieron que Servimagnus SA -la empresa argentina socia de Jan de Nu– ha trabajado en el pasado con la firma estatal china CCCC Shanghai Dredging Co.
Si bien oficialmente ninguna empresa china figura en la oferta pendiente, Steve Bovo, consultor de Corcoran Partners que asesora al consorcio de DEME, cuestionó duramente la inacción del gigante asiático: «Los chinos están compitiendo en todo el mundo y no tienen objeciones a lo que está pasando aquí en Argentina […] Empiezas a ver que es casi como un juego de trileros».
Por su parte, Servimagnus reconoció en un comunicado su labor previa con la empresa asiática, pero aclaró de forma tajante que hoy en día no tienen «ninguna relación comercial ni contractual con ninguna empresa china ni con el gobierno».
La respuesta del gobierno argentino frente a las denuncias no tardó en llegar. Iñaki Arreseygor, director de la Agencia Nacional de Puertos y Vías Navegables, defendió la transparencia del proceso y señaló que, de las más de 200 consultas recibidas, «ninguna de ellas» procedía de Great Lakes.
El funcionario respaldó la exigencia del precio mínimo basándose en directrices de la ONU (UNCTAD) para evitar prácticas de dumping: «Lamentablemente, no nos sorprenden este tipo de acciones que solo buscan boicotear un procedimiento sin precedentes en la historia de este contrato».
Tras la presentación formal de las ofertas a finales de febrero, se espera que el nombre del ganador que operará esta vital arteria comercial se anuncie entre los meses de mayo y junio.
Con información de Bloomberg.
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