«Ponete la camiseta»: desde Bariloche al Obelisco, así fue el reclamo por la ciencia argentina este miércoles

El sistema científico y tecnológico de la Argentina se encuentra de protesta ante un momento delicado por financiamiento. En un contexto marcado por fuertes recortes presupuestarios, despidos masivos, paralización de proyectos estratégicos y denuncias de presunta corrupción en el manejo de empresas del sector, trabajadores de distintos organismos nacionales impulsaron este miércoles 12 de agosto una jornada federal de visibilización bajo el lema «Ponete la camiseta por la ciencia argentina». Las protestas, que se dieron en simultáneo con un paro nacional universitario, encendieron las alarmas sobre el desmantelamiento de un ecosistema que ha posicionado al país a nivel mundial.

Las manifestaciones se replicaron en los principales polos de conocimiento del territorio. En la Ciudad de Buenos Aires, el epicentro del reclamo fue el Obelisco, donde trabajadores de universidades y entidades científicas se concentraron por la tarde para dar lectura a un documento crítico y entonar el Himno Nacional Argentino junto a una intervención de la Universidad Nacional de las Artes (UNA).

En paralelo, las protestas se extendieron a la Plaza Tosco en Córdoba, a la Casa Histórica de Tucumán y al Centro Cívico de San Carlos de Bariloche, una ciudad íntimamente ligada al desarrollo atómico nacional.

El reclamo central de las organizaciones convocantes es contundente: desde diciembre de 2023, el país pierde casi ocho puestos de trabajo científicos por día, lo que provocó, entre otras cosas, el vaciamiento de institutos vinculados a la salud, el agua, las semillas y la tecnología agropecuaria.

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El duro documento de profesionales del Balseiro: alarman por el panorama de la CNEA

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La crisis golpea de lleno al corazón del desarrollo nuclear del país: la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). Creada en 1950, la institución ha sido pionera en el desarrollo de usos pacíficos de la energía nuclear, impulsando reactores, investigación oncológica y la formación de empresas de vanguardia mundial como INVAP. Sin embargo, su presente es alarmante. Según los propios científicos, la CNEA sufrió en los últimos tres años un recorte en su inversión de infraestructura y equipamiento del 53,4% en moneda constante, y desde el inicio de la gestión de Javier Milei, su presupuesto se contrajo un 45,4%, tocando su piso más bajo en las últimas dos décadas.

Este deterioro presupuestario trajo consecuencias inmediatas. El 30 de junio pasado, la conducción de la CNEA no renovó el contrato de decenas de trabajadores, generando la toma del edificio central en Buenos Aires y protestas en distintos centros atómicos.

Aunque el presidente del organismo, Martín Porro, aseguró que solo se trató de la baja de 61 administrativos incorporados durante la gestión anterior, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunció más de un centenar de despidos. Los gremios aseguraron que las cesantías afectaron a técnicos y profesionales altamente especializados, algunos con más de 10 y 15 años de antigüedad en áreas fundamentales. Esta reducción de personal fue oficializada recientemente mediante un decreto gubernamental que fijó el achique de la estructura de la CNEA en casi un 58%, pasando de 645 a 272 áreas organizativas.

En este tenso contexto, el Colegio de Profesores Permanentes del Instituto Balseiro (CPPIB) emitió una durísima carta abierta donde expuso la gravedad de la situación. El organismo, integrado por científicos, tecnólogos, ex directores y referentes del sector que actúan como profesores extraordinarios (Eméritos, Consultos y Honorarios), denunció que la CNEA y todo el Sistema Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SiNECTI) están «seriamente amenazados por un conjunto de acciones concertadas por el Gobierno Nacional».

El documento del Balseiro —instituto de excelencia asociado a la CNEA— destaca que el «desfinanciamiento masivo» está provocando la pérdida del «capital más valioso» del organismo: «Los recursos humanos altamente calificados cuya formación demandó décadas de inversión pública«.

Asimismo, los profesores alertaron sobre un cambio de paradigma oficial que consideran letal. «La cancelación de proyectos sustantivos de concepción y ejecución nacional desdibuja la misión primaria de CNEA», señalaron, y cuestionaron duramente que la actual gestión pretenda validar los proyectos científicos exclusivamente bajo «criterios comerciales», ignorando el rol indelegable del Estado para asegurar desarrollos innovadores soberanos.

En el texto rubricado por 15 destacados profesores —entre ellos Carlos A. Balseiro, Francisco C. Lovey, Javier Luzuriaga y Manuel Tovar— reclamaron medidas «con carácter de urgencia». Exigieron al Gobierno Nacional que suspenda las políticas que provocan la pérdida de capacidades profesionales, garantice el financiamiento para sostener la infraestructura y preserve las trayectorias de investigación.

«Reclamamos que la CNEA pueda proseguir y profundizar su labor creadora de conocimiento y capacidades en favor de una Argentina capaz de elegir con autonomía su futuro», concluyó el documento.

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El gobierno de Javier Milei, entre los impulsos extranjeros y la desfinanciación interna

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La falta de presupuesto en la CNEA tiene un impacto directo sobre la paralización del CAREM 25, el primer reactor nuclear modular de baja potencia diseñado íntegramente en Argentina. Se trata de un hito tecnológico que pondría al país en la vanguardia internacional, cuya obra civil en la localidad bonaerense de Zárate venía avanzando, pero que hoy sufre las consecuencias del ajuste.

La UOCRA delegación Zárate confirmó en 2024 que la paralización de la obra del CAREM generó, al menos, la pérdida de 450 puestos de trabajo en el sector de la construcción desde que asumió el gobierno de Milei, cifra que podría ascender a 650.

Julio González, titular del gremio local, acusó al Ejecutivo de detener el proyecto pidiendo devoluciones de anticipos a empresas contratistas, afectando «fuentes de trabajo valiosas» y frenando una iniciativa clave para la soberanía nacional. Aunque la CNEA oficializó que las bajas correspondían al fin de contratos específicos de obra civil, desde el sindicato y el ámbito científico señalaron que el recorte presupuestario imposibilita avanzar con las etapas siguientes de ingeniería.

Esta desinversión contrasta fuertemente con los recientes anuncios oficiales y con las chispas que cruzaron a científicos y funcionarios. Por un lado, el Ministerio de Economía, a través de Luis Caputo, comunicó un acuerdo para construir en el predio de Atucha un pequeño reactor modular SMR (basado en la tecnología nacional ACR-300) que se financiará con una inversión privada de capitales estadounidenses por 1.200 millones de dólares, ingresando bajo los beneficios del Súper RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones).

Por el otro, las declaraciones gubernamentales caldearon aún más los ánimos. En abril, el secretario de Asuntos Nucleares, el abogado Federico Ramos Napoli, acusó a la CNEA de ser un «aguantadero de la política» con una estructura sobredimensionada, justificando la falta de giros del Tesoro Nacional. Los científicos, a través de sus asociaciones profesionales, respondieron tildando al funcionario libertario de actuar con «ignorancia o mala intención», recordándole los enormes desarrollos que el organismo logró con recursos locales, como Atucha II o los radares y satélites.

A la asfixia del sector atómico nacional se sumó en los últimos meses un grave escándalo administrativo que empañó aún más el escenario: el manejo irregular de fondos dentro de Nucleoeléctrica Argentina S.A., la empresa pública que opera las centrales nucleares del país.

La Justicia Federal decidió imputar recientemente al ex titular de la compañía estatal, Demian Reidel (quien asumió el cargo en 2025 tras integrar el Gabinete de Asesores de Milei). La causa investiga la presunta utilización de tarjetas de crédito corporativas de Nucleoeléctrica para realizar extravagantes gastos personales.

El escándalo estalló luego de que un informe de gestión presentado por la Jefatura de Gabinete encabezada en ese entonces por Manuel Adorni revelara un reporte bancario con consumos inexplicables para los fines de la compañía. La denuncia impulsada en base a esos registros detalló gastos exorbitantes: transferencias millonarias por Mercado Pago, 45 compras en free shops por más de casi 6.000 dólares, adelantos de efectivo por 56 millones de pesos, decenas de pagos a empresas de servicios de playa en España, e incluso consumos en «pubs» europeos.

La fiscalía a cargo de Ramiro González requirió investigar posibles delitos de administración fraudulenta, peculado y malversación de caudales públicos, e intimó al banco a identificar al usuario responsable de los consumos corporativos en las fechas denunciadas.

Ante este escenario judicial, Reidel intentó desligarse por completo de las acusaciones a través de sus redes sociales. El ex funcionario libertario negó rotundamente haber utilizado el plástico corporativo para uso personal, afirmando que los informes periodísticos y las denuncias cruzaron resúmenes de diversas tarjetas de la empresa. «Mis resúmenes no muestran ningún gasto personal. Cero discotecas ni servicio de playa. Yo no tengo nada que ocultar, que se investigue hasta el último peso», argumentó Reidel, quien a principios de año había dejado la empresa en medio de denuncias por sobreprecios del 140% en contrataciones de limpieza para las centrales, presentadas por trabajadores del complejo nuclear de Atucha.