Apelan el sobreseimiento a familia de Dina Huapi
Desde tribunales justificaron el procesamiento por usurpación de Fernando Riquelme y el intento de desalojo ordenando en la causa que terminó con el pedido de juicio político al juez Calcagno.
JUSTICIA
El litigio judicial desatado sobre un terreno de Dina Huapi que fue vendido dos veces sumó un nuevo giro esta semana, el segundo comprador Carlos De La Vega apeló el sobreseimiento definitivo dictado por el juez Ricardo Calcagno en favor del Fernando Riquelme, primer comprador que vive con su familia en el lugar desde principio de los 90.
La oficina de Prensa de Tribunales informó este martes que el abogado querellante de De La Vega, Rodolfo Rodrigo, apeló la resolución de Calcagno y que la causa por usurpación y restitución del lote de calle Los Tilos, de Dina Huapi, se encuentra en etapa de revisión en la Cámara Segunda del Crimen.
De acuerdo a la información difundida por el poder judicial las actuaciones comenzaron con la denuncia radicada por De La Vega -al que señalan como “propietario” del lote identificado catastralmente como 19-3D-452-0600- quien aseguró que “personas ignoradas habían roto el candado del portón del predio de su propiedad y colocado uno nuevo”.
El informe señala que el hecho fue “constatado por la Policía, con fotografías” y que en el lugar se identificó a Riquelme, domiciliado en Los Olmos (Dina Huapi) como el presunto autor de la usurpación, quien fue citado a indagatoria.
También revelan que el abogado defensor de Riquelme, Alejandro Pschunder, presentó la documentación pertinente y solicitó el sobreseimiento, medida a la que se opusieron el fiscal Guillermo Lista y la querella que además solicitó la restitución del “bien usurpado”.
El 3 de julio del año pasado Calcagno dictó la resolución mediante la que se ordenó la liberación del terreno que la querella calificó como “restitución” mientras que la defensa de Riquelme denunció como un “desalojo” que fue resistido por Riquelme, su familia, vecinos y los concejales de Dina Huapi.
Desde Tribunales recordaron que la restitución-desalojo fue apelada sin suerte y que tampoco prosperó el planteo de la defensora que se opuso a la medida por que “se corroboró la existencia de menores en el predio a restituir por cuanto el imputado le había entregado la posesión del bien usurpado a su hijo”.
El parte oficial detalló que “para evitar el uso de la fuerza pública tanto Riquelme como su letrado se comprometieron a retirarse del lugar en el término de seis días” pero no cumplieron y que “muy por el contrario en dicho lapso ejecutaron acciones mediáticas con descalificaciones funcionales para con el juez de Instrucción actuante”.
Por último cuestiona que entre las acciones desarrolladas para no cumplir con la desocupación del terreno desarrollaron diversas acciones entre las que se encuentra el pedido de juicio político a Calcagno que fue elevado al Consejo de la Magistratura para su tratamiento.
La versión contrasta con la información difundida por Pschunder y los concejales de Dina Huapi que impidieron la expulsión de la familia Riquelme el pasado 19 de marzo y acompañaron el pedido de juicio político al juez.
El abogado sostuvo que el lote adquirido por Riquelme en 1991 fue vendido nuevamente en 2011 por la firma Jesús de los Arroyos S.A. a un profesional de Bariloche que habría pagado 25 mil pesos por le inmueble, que radicó la denuncia de usurpación contra la familia para hacerse del lote.
DeBariloche
