Cayó una fábrica clandestina de cigarrillos falsos que abastecía a cinco provincias y producía 700 millones al año
La Fiscalía Federal de Gualeguaychú impulsó una investigación que derivó en 24 allanamientos simultáneos, cinco imputados y el secuestro de 54 toneladas de tabaco, maquinaria industrial y millones de estampillas fiscales falsas.
Una investigación encabezada por la Fiscalía Federal de Gualeguaychú permitió desarticular una organización criminal dedicada a la fabricación, distribución y comercialización de cigarrillos apócrifos en al menos cinco provincias argentinas. Tras casi dos años de pesquisas, se realizaron 24 allanamientos simultáneos, fueron imputadas cinco personas y se detectó una fábrica clandestina con capacidad para producir alrededor de 700 millones de cigarrillos por año.
Durante el operativo se secuestraron 54 toneladas de tabaco, unas 14 millones de estampillas fiscales apócrifas, maquinaria industrial, documentación y otros elementos considerados clave para la investigación. Según representantes de las tabacaleras afectadas por la falsificación de marcas, se trata de la mayor estructura de producción ilegal de cigarrillos detectada hasta el momento en la Argentina.
Una investigación que comenzó con cigarrillos sospechosos en comercios
La pesquisa se inició en julio de 2024, luego de que personal de la Delegación de Inteligencia Criminal e Investigaciones de la Prefectura Naval Argentina, con asiento en Paranacito, aportara información sobre la venta de cigarrillos presuntamente falsificados en comercios de Gualeguaychú y otras localidades de Entre Ríos.
A partir de esos datos, la Fiscalía Federal de Gualeguaychú, encabezada por el fiscal federal subrogante Pedro Mariano Rebollo junto al auxiliar fiscal Matías Emmanuel Silva, abrió actuaciones preliminares para identificar a los proveedores, reconstruir la cadena de distribución y determinar el origen de la mercadería.
Con autorización del juez federal Hernán Viri, se desplegó una extensa investigación que incluyó seguimientos, compras controladas, análisis documental, intervenciones telefónicas y tareas de inteligencia criminal en distintas provincias.
Una estructura que controlaba toda la cadena de producción
De acuerdo con la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, la organización había montado una estructura que comprendía todas las etapas del negocio ilegal.
Los investigadores sostienen que el grupo falsificaba marcas registradas, utilizaba estampillas fiscales adulteradas y comercializaba productos sin la registración tributaria obligatoria. Además de las posibles infracciones a la propiedad intelectual, la causa busca determinar la magnitud de la evasión fiscal derivada de la falta de pago de los impuestos que gravan la actividad tabacalera.
La investigación también apunta a establecer si parte de las ganancias obtenidas mediante estas maniobras fueron canalizadas a través de operaciones de lavado de activos.
Según el expediente, la organización operaba en Entre Ríos, Buenos Aires, Mendoza, San Juan y San Luis, con una estructura estable, división de funciones y una logística destinada a ocultar tanto el origen como la trazabilidad de los productos.
Vigilancias, escuchas y controles permitieron reconstruir la maniobra
Durante meses, la investigación combinó distintas herramientas de análisis.
Las primeras medidas consistieron en vigilancias sobre comercios, compras controladas y seguimientos de la mercadería. Luego se incorporaron intervenciones telefónicas, estudios patrimoniales y el análisis de documentación aportada por empresas transportistas.
Para la fiscalía, esas comunicaciones permitieron reconstruir el recorrido completo de los cigarrillos desde la planta de elaboración hasta los comercios donde finalmente eran vendidos.
Las tareas de campo también permitieron detectar depósitos y centros de distribución, además de registrar maniobras de carga y descarga de cajas compatibles con cartones de cigarrillos.
En distintos procedimientos encubiertos se comprobó que los productos no eran exhibidos al público. Las ventas se concretaban de manera reservada y exclusivamente en efectivo, una modalidad que, según los investigadores, buscaba reducir la trazabilidad de las operaciones comerciales.
La fábrica clandestina funcionaba detrás de una estructura societaria
Uno de los principales avances de la investigación fue la identificación de una planta tabacalera ubicada en la ciudad de San Luis.
Los investigadores llegaron hasta el lugar luego de reconstruir durante varios meses el recorrido de la mercadería mediante remitos, seguimientos y tareas de inteligencia desarrolladas en San Luis, San Juan y Mendoza.
Para el Ministerio Público Fiscal, la fábrica operaba detrás de una estructura societaria aparentemente legal.
Las tareas de vigilancia permitieron advertir «ruidos compatibles con el funcionamiento de maquinaria», además de permanentes movimientos de transporte y otros indicios que confirmaban la existencia de una línea de producción en funcionamiento.
La planta tenía capacidad para fabricar aproximadamente 700 millones de cigarrillos al año y habría generado ganancias ilícitas estimadas en 32 millones de dólares, según la hipótesis fiscal.
El operativo simultáneo en seis jurisdicciones
Con la evidencia reunida, la Fiscalía solicitó la realización de allanamientos simultáneos para asegurar la prueba acumulada durante casi dos años de investigación.
Las medidas fueron autorizadas por el Juzgado Federal de Gualeguaychú y ejecutadas por personal de la Prefectura Naval Argentina en inmuebles ubicados en Entre Ríos, San Luis, San Juan, Mendoza, Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El procedimiento, denominado «MK8», estuvo a cargo de personal de Inteligencia Criminal de Paranacito y Gualeguaychú.
Como resultado, se secuestraron 54 toneladas de tabaco, aproximadamente 14 millones de estampillas fiscales falsas, maquinaria industrial destinada a la producción masiva de cigarrillos, documentación y otros elementos de interés para la causa.
Cinco imputados y una investigación que continúa
Hasta el momento, la Justicia Federal imputó a cinco personas por su presunta participación en la organización criminal.
No obstante, la investigación continúa con nuevas medidas de prueba orientadas a profundizar la reconstrucción del circuito económico y comercial utilizado para producir y distribuir los cigarrillos ilegales.
Para la Fiscalía, los elementos reunidos permiten sostener, en esta etapa de la investigación, la existencia de «una estructura criminal con capacidad industrial, alcance interprovincial y una logística consolidada destinada a introducir en el mercado productos elaborados y distribuidos al margen de los controles fiscales y regulatorios».
El expediente continúa bajo la órbita de la Justicia Federal mientras avanzan las pericias sobre el material secuestrado y el análisis de la documentación obtenida durante los allanamientos.
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