Crisis de Ueno Bank en Paraguay: allanaron la residencia presidencial y detuvieron al superintendente de bancos
La investigación judicial por el desplome financiero de Ueno Bank escaló este jueves con el registro de la residencia oficial del presidente y la captura del superintendente de bancos en el marco de una causa por presunta corrupción sistémica.
El ministerio Público de Paraguay desplegó este jueves 11 de noviembre un operativo simultáneo de alto impacto que sacudió los cimientos políticos y económicos del país. Los fiscales anticorrupción irrumpieron en Mburuvicha Róga, la residencia oficial de la presidencia.
La medida se produce tras la destitución y posterior detención preventiva del exmandatario Santiago Peña, quien enfrenta graves acusaciones por su participación directa en el colapso de la entidad bancaria. La intervención en la sede gubernamental estuvo a cargo de equipos especializados en delitos económicos, fiscales y peritos en informática forense.
Medios paraguayos informaron que las autoridades buscan recabar pruebas digitales y documentales que conecten al ex jefe de Estado con la concesión irregular de créditos millonarios. El escándalo financiero estalló la semana pasada y dejó a cerca de tres millones de clientes con severas dificultades para acceder a sus ahorros.
Paralelamente al allanamiento presidencial, los investigadores ejecutaron una orden de detención contra Holger Insfrán, superintendente de bancos. El funcionario fue arrestado en su domicilio particular ubicado en el barrio Santa Librada de Asunción y quedó bajo custodia del Departamento Contra el Crimen Organizado. La Superintendencia, dependiente del Banco Central del Paraguay (BCP), es el organismo encargado de fiscalizar la estabilidad y transparencia del sistema financiero.
La caída de Insfrán responde a los informes que señalan una alarmante falta de control sobre Ueno Bank. Según la investigación preliminar, la entidad sobrepasó de manera sistemática los límites permitidos para otorgar préstamos a empresas y personas vinculadas directamente a su grupo controlador. Estas operaciones se realizaron sin las debidas garantías, lo que precipitó la insolvencia y disolución del banco.
El nombre del superintendente figuraba en denuncias previas presentadas por legisladores de la oposición. Los sectores críticos cuestionaron duramente que la institución reguladora ignorara alertas tempranas sobre el riesgo sistémico que representaban las prácticas internas de la entidad. Con esta captura, el caso suma un nuevo eslabón de máxima jerarquía institucional tras las rejas.
La sombra del poder y la caída de la cúpula económica
El expediente judicial también mantiene bajo prisión preventiva al extitular del BCP, Carlos Carvallo, quien había presidido la Financiera Ueno antes de asumir el mando del Banco Central en 2023, renunció a su cargo el mismo día en que se decretó el proceso de resolución del banco. La Fiscalía lo acusa de lesión de confianza, producción de documentos públicos falsos y administración en provecho propio.
Por su parte, el expresidente Santiago Peña se expone a una pena máxima de 15 años de cárcel. Los fiscales sostienen que Peña utilizó su altísima investidura e influencia para favorecer a la institución digital, la cual contaba con una trayectoria de apenas tres años. Además, lazos personales e históricos ataban al exmandatario al grupo, ya que declaró poseer acciones en la compañía hasta abril de 2025.
El colapso de la entidad no solo generó una crisis de confianza institucional, sino también un profundo impacto social. Unos 2,94 millones de usuarios se vieron afectados por la repentina suspensión de operaciones, obligando al poder político a buscar mecanismos urgentes de asistencia. El Congreso nacional impulsó un juicio político exprés que culminó con la destitución de Peña, permitiendo que el vicepresidente Pedro Alliana asuma el mando hasta concluir el mandato en agosto de 2028.
A pesar de los esfuerzos oficiales por contener el descontento, la recuperación de los activos avanza con lentitud. Aunque las autoridades anunciaron la devolución parcial de fondos a un sector de los ahorristas, el volumen total del dinero faltante asciende a cifras multimillonarias. Entre los recursos comprometidos figuran más de 500 millones de dólares correspondientes a fondos públicos previsionales, lo que acrecienta la indignación ciudadana.
Los operativos internacionales y ramificaciones judiciales
Mientras el gobierno interino de Pedro Alliana prometió absoluta independencia y colaboración institucional con el Poder Judicial, el sistema político paraguayo intenta reacomodarse tras el sismo institucional. La sociedad civil y diversos gremios económicos exigen reformas estructurales profundas en los mecanismos de control bancario para evitar que una crisis de esta magnitud vuelva a repetirse.
Ante la magnitud del vaciamiento financiero, la Justicia paraguaya intensificó la cooperación internacional. Los fiscales solicitaron asistencia formal a la Argentina, Estados Unidos y Luxemburgo con el objetivo de trazar la ruta del dinero y localizar cuentas o bienes vinculados a la red de desvío de fondos. Las autoridades estiman que parte del capital fue transferido fuera de las fronteras nacionales para eludir los controles locales.
En el plano local, los procedimientos continuaron este jueves con la entrega voluntaria de Manuel Astigarraga, considerado la mano derecha de Miguel Vázquez, principal directivo de Ueno Bank que permanece detenido desde la semana pasada. Los operativos de allanamiento permitieron el secuestro de más de 500 fojas de documentos clave, dispositivos electrónicos y elementos de informática forense que permitirán dilucidar el alcance exacto de la maniobra delictiva.
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