Un imputado por robar pertenencias de un auto en Bariloche: le fijaron prisión preventiva

Durante una audiencia de formulación de cargos realizada en Bariloche por funcionarios judiciales en feria, se imputó a un hombre que había sido detenido el 27 de enero de 2026, cerca de las 17:15, tras un hecho registrado en flagrancia en la calle Onelli.

El episodio ocurrió cuando la víctima advirtió que un individuo salía de su automóvil, estacionado en la esquina de Onelli y Gallardo. Ante esta situación, decidió seguirlo y logró demorarlo con la ayuda de terceros, hasta la llegada del personal de la Comisaría Segunda, que intervino de manera inmediata y concretó la detención.

Posteriormente, el Juzgado interviniente declaró legal la detención, al considerar que se encontraban cumplidos los requisitos exigidos por la normativa vigente.

El Ministerio Público Fiscal atribuyó al imputado la presunta autoría de haber violentado la cerradura del vehículo y sustraído equipaje y efectos personales que se encontraban en su interior, algunos de los cuales habrían sido descartados durante la huida. El hecho fue ubicado en la misma fecha y lugar de la detención.

Para respaldar la imputación, la Fiscalía incorporó como prueba el acta del procedimiento policial, un croquis del lugar, la denuncia de la víctima, un certificado médico y distintos informes emitidos por organismos públicos.

En tanto, la Defensa Pública Penal cuestionó la calificación legal propuesta y argumentó que, con los elementos reunidos hasta el momento, no se encontraría acreditado el uso de fuerza sobre las cosas, por lo que solicitó que el hecho sea considerado como hurto en grado de tentativa.

No obstante, el juez tuvo por formulados los cargos por el delito de robo, en calidad de autor, conforme a lo dispuesto en los artículos 45 y 164 del Código Penal, y estableció un plazo de cuatro meses para la investigación, de acuerdo con lo solicitado por la defensa.

Las medidas del juez

Respecto de las medidas cautelares, la Fiscalía requirió la prisión preventiva al señalar la existencia de riesgo de fuga. Entre los fundamentos expuestos, indicó que el imputado no posee domicilio fijo comprobable en la ciudad, no registra ingresos regulares al país en los últimos años —siendo el último en 2012 junto a familiares— y mencionó un informe de la Dirección Nacional de Migraciones que da cuenta de una orden de expulsión y una prohibición de reingreso permanente a la República Argentina.

Finalmente, tras escuchar a las partes, el Juez de Garantías resolvió imponer la prisión preventiva por el plazo de un mes, con el objetivo de garantizar el adecuado desarrollo del proceso penal.