El duro cruce entre Diego Santilli y el ministro de Seguridad de Kicillof por la aplicación del Régimen Penal Juvenil
El jefe de Gabinete de Javier Milei chicaneó a la gestión bonaerense, le pidió mayor inversión para aplicar la baja en la edad de imputabilidad y solicitó que "deje de comprar penes de madera". El funcionario Javier Alonso salió al cruce, le cuestionó los fondos que retiene Nación para las provincias y las recriminaciones por una decisión del Poder Judicial. Mientras tanto, La Libertad Avanza pedirá el juicio político contra la magistrada Marta Elba Pascual.
La entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil a nivel nacional desencadenó un duro enfrentamiento político entre el Gobierno nacional y la provincia de Buenos Aires. Luego de que la Justicia bonaerense ordenara la suspensión preventiva de la ley que baja la edad de imputabilidad a los 14 años, el jefe de Gabinete de Javier Milei, Diego Santilli, lanzó duras acusaciones contra el gobernador Axel Kicillof. El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, salió al cruce con fuertes recriminaciones por los recursos retenidos por el Estado nacional.
La disputa ocurrió a través de la red social X y expuso las tensiones por la falta de infraestructura carcelaria para absorber a los nuevos detenidos. Mientras el funcionario nacional exigió mayor inversión y cuestionó las prioridades de gasto del Ejecutivo provincial con frases provocativas, el ministro bonaerense le reclamó responsabilidad institucional y remarcó que la paralización de la normativa responde a un fallo del Poder Judicial, un ámbito independiente de la Gobernación.
En paralelo, el partido La Libertad Avanza anunció un pedido de juicio político contra la magistrada que frenó la aplicación de la ley.
Baja en la edad de imputabilidad: acusaciones, chicanas y el reclamo por los recursos
El intercambio virtual comenzó el lunes por la noche, momento en que Santilli cuestionó la inacción del gobierno de Kicillof tras el fallo judicial. «Aturde el silencio de Kicillof ante la suspensión del nuevo Régimen Penal Juvenil. En la provincia si un delincuente de 14 años te mata para robarte, queda impune«, expresó el jefe de Gabinete de Milei, para luego sentenciar: «Una vez más, el gobernador del lado del delincuente, nunca de la víctima«.
La respuesta de Alonso fue al instante. El funcionario provincial le exigió que devuelva los recursos quitados a las provincias. «Bajar la edad de imputabilidad no alcanza. ¿No hacen falta nuevos juzgados y fiscalías especializadas, centros de reclusión, infraestructura y personal para aplicar una reforma de esta magnitud? ¿Dónde están los fondos que Milei les niega a los bonaerenses para hacerlo posible?«, retrucó.
A su vez, Alonso calificó la reforma como «un eslogan de campaña» si carece de estructura e inversión, y le recordó a su interlocutor que la suspensión provino de los tribunales y no de la gobernación: «¿No estamos en una República acaso? O será que mostrar indignación por redes sociales es lo único que saben hacer por los argentinos«.
Lejos de apaciguar el conflicto, Santilli redobló la apuesta este martes por la mañana con una chicana directa. «Señor Ministro de Inseguridad de la Provincia de Buenos Aires, ¿por qué no se sienta con el Gobernador y le pide que deje de comprar penes de madera?«, ironizó, y le sugirió que «invierta más en seguridad que el conurbano es tierra de nadie».
De inmediato, Alonso lo tildó de «político ‘profesional’ (no se le conoce otro empleo)» que intenta hacer carrera «a fuerza de provocaciones y títulos en las revistas del corazón». Para cerrar la contienda, el ministro remarcó: «La Provincia invierte en seguridad y sostiene a sus 135 municipios, aun cuando su Gobierno incumple con los bonaerenses y retiene los recursos que les corresponden».
Qué dice el fallo judicial que motivó el conflicto
El origen de esta disputa política radica en una resolución de la Justicia bonaerense que paralizó la vigencia de la Ley N° 27.801 apenas 48 horas después de su habilitación nacional. La jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, ordenó suspender la normativa por 60 días a raíz de la incapacidad material y edilicia del Estado provincial para alojar a los nuevos internos. La magistrada hizo lugar a un habeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo, con el objetivo de resguardar los derechos de los adolescentes privados de su libertad ante un riesgo inminente de colapso institucional.
En su análisis, la jueza Pascual determinó que la disminución de la edad de imputabilidad provocará un aumento considerable en la población carcelaria juvenil. Para fundamentar el freno a la ley, expuso las falencias actuales de los dispositivos de alojamiento en la provincia, como las trabas para el acceso a la educación y la falta de capacitación laboral, a pesar de reconocer ciertas mejoras recientes en infraestructura.
Con estos argumentos, ordenó al Ejecutivo provincial que adopte de forma inmediata las medidas necesarias para suspender la ley y convocó a las autoridades a una audiencia presencial para el próximo 16 de septiembre.
Libertarios bonaerenses buscan el juicio político contra la jueza
La reacción del oficialismo nacional frente al fallo judicial no se limitó a los mensajes en plataformas digitales. La Libertad Avanza de la provincia de Buenos Aires presentará un pedido de juicio político contra la jueza Pascual. A través de un comunicado, la agrupación que preside el ex PJ, Sebastián Pareja, acusó a la magistrada de atentar contra una ley sancionada por el Congreso Nacional y de profundizar la situación de impunidad que padecen los habitantes del territorio bonaerense.
«Es una jueza del poder, de la política bonaerense, que piensa exclusivamente en los intereses de lo peor de la política«, explicó Pareja mediante el documento oficial.
El dirigente libertario vinculó a la magistrada con la gestión de Kicillof y aseguró que los funcionarios provinciales siempre buscarán excusas para liberar a los criminales. Por su parte, el presidente del bloque de Senadores de LLA en la Provincia, Carlos Curestis, afirmó que la Justicia bonaerense optó por ubicarse del lado de los delincuentes en un claro desafío a la seguridad pública.
En sintonía, el titular del bloque de Diputados provinciales del espacio, Juan Osaba, tildó a la medida judicial de inaceptable por darle la espalda a las víctimas y ratificó que impulsarán el juicio político de manera indeclinable.
Las directrices del nuevo régimen federal
A nivel federal, el régimen se encuentra operativo a partir del Decreto 875/2026, firmado por el presidente Javier Milei, el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques y el jefe de Gabinete Diego Santilli. El nuevo esquema penal prohíbe las condenas a prisión perpetua para los adolescentes y fija un límite máximo de quince años de privación de la libertad, pena que los condenados deberán cumplir en centros especializados y sin contacto con adultos.
Como alternativas al encierro, el texto incorpora la reparación del daño, las tareas comunitarias, las restricciones de acercamiento y el uso de tobilleras electrónicas para el monitoreo.
Para el seguimiento de los jóvenes infractores, la reglamentación creó la figura del «supervisor especializado» y un registro provisorio de profesionales en áreas como psicología, trabajo social y pedagogía.
Asimismo, el Estado dispuso la conformación de un Comité Interministerial y de una Mesa Federal para coordinar las políticas públicas entre la Nación y las provincias.
Una de los ejes que trabó la votación del nuevo régimen el año pasado fue la falta de asignación presupuestaria para poner en marcha la ley. En ese momento no había un Presupuesto sancionado y el proyecto facultaba al jefe de Gabinete a reasignar partidas de manera discrecional. Ante un reclamo de las provincias, que alegaban no disponer de fondos, el Ejecutivo plasmó un monto en el artículo 51 de la nueva iniciativa.
En concreto, se asignarán $23.739.155.303, de los cuales $3.131.996.784 provendrán del Ministerio de Justicia (Jurisdicción 40 del Presupuesto) y $20.607.158.518 partirán de la Defensoría General de la Nación (Jurisdicción 10).
La propuesta del oficialismo es que la Nación financie la diferencia entre el presupuesto destinado con el régimen actual y el necesario para aplicar la nueva ley que penalizará a los jóvenes a partir de los 14 años.
Los montos se definirán en convenios que deberán suscribir las provincias con el Estado Nacional. Así quedará plasmado en el dictamen que se pondrá a la firma el miércoles, según pudo saber este medio.
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