El gobierno de Javier Milei cedió más cambios en la Ley de Tierras: ahora proponen elevar el límite en vez de eliminarlo

Patricia Bullrich anunciará las modificaciones este martes 4 de agosto en conferencia de prensa. En lugar de retirar el límite para la venta de tierras, se sube del 15% actual al 25%. Pero no aplicaría a departamentos, donde se concentra el problema. Se vota el jueves.

Foto: Gentileza.

Corresponsalía Buenos Aires.- Obsesionado por conseguir los votos y no volver a tropezar con una ley que ya acumula cuatro postergaciones, el Gobierno accedió a no liberar del todo la venta de tierras a extranjeros, en el marco del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada que se votará este jueves 6 de agosto en el Senado. Sin embargo, advierten que la nueva versión del texto esconde un engaño y el desenlace sigue siendo incierto.

Las nuevas modificaciones fueron plasmadas con tres colores distintos en el borrador número 16 del texto, algo pocas veces visto en el Congreso. Serán anunciadas este martes a las 16 en una conferencia de prensa encabezada por Patricia Bullrich, jefa del bloque oficialista, y sus pares Agustín Coto y Nadia Márquez, presidentes de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General del Senado.

La nueva redacción, a la que accedió este medio, sepulta el anhelo original del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, de eliminar todas las restricciones vigentes para la venta de tierras a foráneos. En lugar de ello, se buscará elevar el tope de la superficie del 15% actual al 25%. Sin embargo, el nuevo límite regiría solo a nivel provincial y no a nivel departamental, donde se concentra el problema: 36 municipios sobrepasan el límite hoy vigente.

“Es una estrategia para confundir. Podrían vender toda la Cordillera o el Paraná y el promedio provincial no llegaría a ese 25%”, advirtió Matías Oberlin, doctor en historia y magister en Estudios Culturales de América Latina. También Pablo Volkind, historiador y coordinador del Observatorio de Tierras de la UBA, aseveró que los cambios son engañosos.

Según el Registro de Tierras Rurales (actualizado a agosto de 2025) hay cinco departamentos con más de la mitad de su superficie en manos extranjeras: son San Carlos, Salta (59,82%); Molinos, Salta (57,79%); General Lamadrid, La Rioja (56,70%); Lacar, en Neuquén (54,17%) y Campana, Buenos Aires (50,27%). Otro caso emblemático es el de Iguazú, lindante con Brasil y Paraguay, que llega al 39,95%.

No es el único punto conflictivo: el nuevo borrador de La Libertad Avanza deroga la prohibición de adquirir tierras “que contengan o sean ribereños de cuerpos de agua de envergadura y permanentes”, como así también el límite de 1.000 hectáreas en la zona núcleo (la región agrícola más productiva del país) para un mismo titular. Estos límites están previstos en el actual artículo 10 de la Ley de Tierras, que sería eliminado.

Por ese motivo, también se suprimen los límites actuales para comprar tierras en zonas de frontera, aunque en el proyecto se agregó que deberá contar con la autorización de la provincia y del Poder Ejecutivo Nacional.

También se quitaría el límite del 30% para personas físicas o jurídicas de una misma nacionalidad extranjera; y se eliminaría la obligación de informar sobre las transacciones al Registro Nacional de Tierras Rurales: sólo quedarían informados en los registros inmobiliarios provinciales.

“En síntesis, se confirman todos los informes del Observatorio de Tierras respecto a que el problema está a nivel subprovincial y ahí está la intención del gobierno. Este proyecto es la confesión de parte. Tiene que ser rechazado íntegramente”, advirtió Oberlin.


¿Hay votos?


La Libertad Avanza tiene 21 senadores propios y necesita sumar 16 voluntades más para aprobar los capítulos, donde figura el de tierras (el proyecto es más amplio e incluye otros como expropiaciones, desalojos y manejo del fuego). El peligro es que habría más de 30 rechazos confirmados: la cordobesa Alejandra Vigo, 25 peronistas (divididos en tres bloques), tres de Convicción Federal, la chubutense Edith Terenzi (responde al gobernador Ignacio Torres) y dos independientes de Santa Cruz.

No está claro que las últimas modificaciones se traduzcan en votos. Un ejemplo es el de la schiarettista Vigo, quien hizo saber que los cambios no alterarán su rechazo original. “Tengo claro que votaré en contra del proyecto que propone eliminar los límites a la compra de tierras por extranjeros”, blanqueó el último viernes, como anticipó este medio.

También hay incertidumbre por una división en el Frente Renovador Misionero, el partido que gobierna la provincia (una de las más extranjerizadas) y que ya demostró su poder de fuego en el Senado al voltear la Ficha Limpia. El gobernador Hugo Passalacqua está en contra de la ley, y el exmandatario Carlos Rovira a favor. Los votos que manejan son los de los senadores Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, quienes mantienen el misterio.

Las internas también alcanzan a la UCR, donde no todo el bloque votará a favor. El presidente del partido, Leonel Chiarella, viene militando el rechazo en la bancada que encabeza el correntino Eduardo Vischi, donde había una predisposición mayoritaria a acompañar (se habla de seis sobre diez).

Otro dato de cara a la votación es que la vicepresidenta Victoria Villarruel, detractora de la ley, no podrá inclinar la balanza en caso de empate porque estará ejerciendo la presidencia de la Nación ante el viaje de Javier Milei a Ecuador y Colombia. En la sesión será suplantada por el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, quien podrá votar. Es decir, La Libertad Avanza no perderá su voto.

Mientras tanto, crece la presión social que nació con la semifinal mundialista entre Argentina e Inglaterra y el renovado reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas. La movilización convocada para el 6 de agosto en distintos puntos del país sigue firme y suma adhesiones de distintos sectores políticos, sociales y ambientalistas, además de figuras públicas. También la Comisión Episcopal de Pastoral Social se pronunció en ese sentido en una carta abierta a los legisladores.


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