El Senado aprobó un régimen de incentivos para medianas empresas con inversiones mayores a US$ 12 millones
La Cámara alta dio media sanción a un proyecto para otorgar beneficios fiscales a firmas productivas que superen ese monto en sus primeros dos años.
El Senado de la Nación aprobó por amplia mayoría un proyecto de ley que crea el Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR), diseñado específicamente para impulsar a las medianas empresas que realicen desembolsos productivos superiores a los US$ 12 millones en sus primeros dos años.
La iniciativa, impulsada inicialmente por el senador Eduardo Vischi, cosechó un fuerte respaldo transversal en el recinto al ser respaldada por 60 votos a favor y solo 2 en contra, quedando ahora lista para ser girada a la Cámara de Diputados para su tratamiento definitivo.
Las claves del nuevo esquema fiscal y productivo
El texto aprobado establece una serie de beneficios impositivos concretos orientados a aliviar la carga financiera de las compañías, entre los que se destacan la amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias y la devolución anticipada de créditos fiscales correspondientes al IVA.
A su vez, la normativa excluye expresamente de estas ventajas a las inversiones de carácter financiero o de cartera, así como a los bienes de cambio, focalizando el incentivo estrictamente en la economía real y en el fortalecimiento del aparato productivo nacional.
Como inversiones productivas se considerará a la adquisición, elaboración, fabricación o importación de bienes muebles nuevos amortizables en Ganancias, además de la ejecución de obras destinadas de manera directa a actividades de índole productiva dentro del territorio argentino.
Durante el debate en las comisiones y en el recinto, el proyecto sumó incorporaciones clave a propuesta de diversos sectores, como la inclusión formal de la actividad pesquera sin un monto mínimo de exigencia y la incorporación del ganado y la retención de terneras para beneficiar a productores rurales.
Asimismo, se determinó que aquellas inversiones enfocadas en sistemas o equipos de riego, bienes de alta eficiencia energética, mallas antigranizo para el sector agropecuario y bienes semovientes podrán acceder a los beneficios fiscales independientemente del volumen monetario invertido.
Cuáles son las posturas encontradas y el debate parlamentario
Para formalizar su adhesión al régimen, las empresas interesadas deberán presentar ante la autoridad de aplicación un plan de inversión en carácter de declaración jurada, detallando cronogramas, impacto laboral y un compromiso ineludible de contratar proveedores nacionales por al menos el 20% del total.
Durante la discusión legislativa, el senador autor de la iniciativa, Eduardo Vischi, defendió el proyecto al señalar que no representa un privilegio tributario, sino una herramienta estratégica para movilizar capital y generar trabajo genuino frente a la demanda global de alimentos y energía.
Por su parte, la bancada oficialista respaldó la medida argumentando que la lógica principal radica en permitir que las empresas recuperen con mayor agilidad parte de su capital invertido, potenciando de esta manera la cadena de valor y el desarrollo industrial a nivel federal.
En contraposición, sectores del peronismo y otros bloques acompañaron con reparos críticos, advirtiendo sobre la proliferación de múltiples regímenes de promoción con asimetrías fiscales y señalando que un esquema de incentivos resulta insuficiente si no se logra proteger a la industria nacional frente a un escenario de apertura y competencia externa.
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