Final abierto para la emergencia en discapacidad en Diputados: organizaciones presionan contra el proyecto libertario
Instituciones y asociaciones del sector, prestadores y el Foro Permanente rechazan el dictamen del oficialismo, que tampoco es respaldado por el Gobierno. La definición será este miércoles en el recinto. Los argumentos.
El debate sobre el financiamiento para el colectivo de discapacidad llega este miércoles al recinto de la Cámara de Diputados con final abierto. Mientras que la oposición puja por prorrogar la Ley de Emergencia por un año, La Libertad Avanza y aliados impulsan una propuesta alternativa que perpetúa los puntos principales de la norma, pero que no es respaldada desde el Poder Ejecutivo.
En esa disyuntiva, las distintas organizaciones del campo de la discapacidad se inclinan por la primera opción y suman presión al debate. “Está peleado”, reconoció uno de los protagonistas de las negociaciones en la previa de la sesión.
Según recabaron en un documento diputados opositores, las asociaciones e instituciones del sector coinciden en que la Ley 27.793 no se cumplió y la Emergencia no está superada. Por eso reclaman prorrogarla hasta el 31 de diciembre de 2027, con todos sus efectos, y rechazan el dictamen del oficialismo.
El Consejo Federal de Discapacidad (COFEDIS) ratificó la prórroga el 8 de octubre pasado y advirtió que un régimen permanente no puede cerrar anticipadamente la emergencia. También la Pastoral Social de la Conferencia Episcopal pidió sostener la prórroga ante el Ministerio de Salud, en una reunión realizada a principios de mes.
Organizaciones como la Mesa de Discapacidad de Córdoba, REDI (Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad), FAICA (Federación Argentina de Instituciones de Ciegos y Amblíopes), RALS (Red de Asistencia Legal y Social) y Andar rechazaron la propuesta libertaria con más de 1.500 adhesiones.
Se pronunciaron en sintonía el Foro Permanente de Discapacidad, el Consejo Provincial bonaerense (COPRODIS), prestadores y transportistas (AIEPESA, PDU, FAPAD, CAPREDIS, FATRADIS, ATAECADIS), la Campaña Federal y la Alianza AHORA.
En líneas generales, las asociaciones advierten que el dictamen libertario clausura una emergencia que sigue abierta porque, según datos del sector, hay 324.303 solicitudes de pensión sin resolver; la compensación a prestadores por deudas de años anteriores no se pagó; y no se otorgó ni una Pensión para Protección Social.
Además sostienen que esta propuesta, que pretende ser “superadora” de la Emergencia, no garantiza el financiamiento porque no asegura la deuda con los prestadores ni el atraso arancelario, que ubican en el 30,67%. También señalan como un punto negativo que se delega en la reglamentación la evaluación para acceder a la pensión y la compatibilidad con el trabajo.
Por su parte, el diputado Juan Marino (Unión por la Patria), autor del proyecto de prórroga, negó que la iniciativa del oficialismo recepte la Emergencia tal cual rige hoy. Observó que la compatibilidad de las pensiones con el empleo queda sujeta a “las condiciones que establezca la reglamentación”; y las auditorías quedan solo en manos de la Secretaría de Discapacidad, sin el COFEDIS, y quedan sujetas a suspensión preventiva por cruce de datos.
Cuál es el panorama en el recinto
La pulseada está abierta. El dictamen de La Libertad Avanza tiene mayoría de firmas con apoyo del PRO, la UCR, el bloque sanjuanino Producción y Trabajo y otras bancadas que adhirieron con disidencias, por lo que pusieron en duda su voto en el recinto: el MID, Argentina Federal (Misiones y Salta) y La Neuquinidad.
El despacho opositor, en tanto, cosechó las firmas de Unión por la Patria, Provincias Unidas, Elijo Catamarca y el Frente de Izquierda. Entre las adhesiones figuraron los cordobeses alineados al gobernador Martín Llaryora, que por estas horas están en conversaciones para definir su posición final en el recinto. El bloque PU se reunirá este miércoles por la mañana para intentar cerrar filas.
¿La propuesta del bloque de La Libertad Avanza garantiza que no habrá veto? Desde el oficialismo sostienen que sí, pero en el grueso de la oposición creen lo contrario. Se basan en las propias palabras del secretario de Hacienda, Carlos Guberman, quien admitió ante los diputados la semana pasada que el Ejecutivo “hubiese querido otra cosa” en relación a la discapacidad.
De manera tácita, el funcionario defendió así el texto del Presupuesto confeccionado por el ministro de Economía, Luis Caputo, que entre otras cosas termina con la actualización mensual por inflación del Nomenclador de Aranceles y hace incompatibles las pensiones con el trabajo formal. Ese capítulo sigue adentro de la “ley de leyes” hasta que el oficialismo lo retire, algo que hasta el momento no fue oficializado.
En cambio, la prórroga de la Emergencia “no tiene riesgo de veto”, según interpretó el diputado Marino. “La Ley 27.793 está vigente: el Congreso insistió en ella frente al veto y la Justicia ordenó su cumplimiento. Un veto a la prórroga solo impediría extender el plazo de la emergencia (artículo 1), pero todas las demás disposiciones de la Ley 27.793 seguirían vigentes”, consideró.
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