Propiedad privada y Ley Hojarasca: el oficialismo prepara la agenda para sesionar la semana próxima
La Libertad Avanza buscará cerrar el acuerdo con los bloques dialoguistas este miércoles en Labor Parlamentaria. El debate en el recinto por las tierras rurales, los desalojos y los pliegos judiciales se postergará para mediados de julio.
El bloque de La Libertad Avanza en el Senado de la Nación buscará alcanzar un acuerdo con las bancadas opositoras para realizar una sesión clave la semana próxima, estimada entre el 15 y el 16 de julio. El objetivo central del oficialismo es debatir los proyectos de propiedad privada, la Ley Hojarasca y aprobar un paquete de treinta pliegos judiciales.
Según informó Noticias Argentinas (NA), la fecha definitiva de la sesión expuso un nuevo capítulo del enfrentamiento interno entre la vicepresidenta Victoria Villarruel y la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich.
Mientras Bullrich presionaba para abrir el recinto esta misma semana con el fin de mostrar una cámara activa, Villarruel decidió postergar los plazos y citar a una reunión de Labor Parlamentaria para este miércoles a las 12, lo que trasladó el debate en el recinto para mediados de mes.
Los cambios en propiedad privada y el freno a la extranjerización
El proyecto central de la jornada será el de propiedad privada, una iniciativa diseñada originalmente por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que contiene reformas sensibles sobre desalojos, expropiaciones y el manejo del fuego.
Tras intensas negociaciones, la versión número 13 del dictamen llega al recinto con sustanciales modificaciones respecto de la propuesta original del Gobierno, la cual buscaba eliminar todas las restricciones para que empresarios extranjeros compren tierras rurales.
En el nuevo texto consensuado, se eliminó por completo el capítulo sobre cambios en la ley de barrios populares y se limitó la extranjerización de la tierra. El dictamen actual mantiene la prohibición para que empresas privadas con capital de estados extranjeros adquieran tierras, al tiempo que ratifica que cualquier compra en zonas de frontera requerirá del aval conjunto de las provincias, el Gobierno nacional y el Congreso.
Respecto de las propiedades ocupadas ilegalmente, la ley establece un desalojo exprés que otorga un plazo de solo tres días para desocupar un terreno o vivienda en caso de usurpación. Sin embargo, si el conflicto involucra a un inquilino que se demoró en el pago del alquiler, el plazo estipulado para la desocupación será de diez días hábiles.
En cuanto a la ley del manejo del fuego, el oficialismo debió ceder y mantener la prohibición de cambiar el uso del suelo por 60 años en los bosques nativos que hayan sufrido incendios, tal como fijaba la norma de 2020. La nueva redacción, no obstante, sí permitirá dar otro destino de carácter productivo a las tierras rurales afectadas.
La mira en los pliegos de Insaurralde y el debate de la Ley Hojarasca
En la misma jornada, el oficialismo buscará aprobar una treintena de pliegos judiciales clave. Entre ellos se destaca la prórroga por cinco años del mandato del camarista Víctor Pesino, quien necesita el aval parlamentario antes de cumplir los 75 años el próximo 27 de julio.
También se incluyó la postulación de Juan Rodríguez Ponte —exsecretario del juez Ariel Lijo— para el estratégico juzgado federal de Lomas de Zamora. Este tribunal es clave para el escenario político ya que tiene a su cargo la causa por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito contra el exintendente Martín Insaurralde y la modelo Jésica Cirio.
Finalmente, la estrategia oficialista apunta a convertir en ley el proyecto de Ley Hojarasca, el plan que busca derogar unas 70 iniciativas consideradas obsoletas o superadas por los avances tecnológicos.
Entre las normas que la Casa Rosada busca eliminar de forma definitiva se encuentra la ley 20.120 de la gestión de facto de Lanusse, que obliga a dar aviso previo a la policía para realizar reuniones públicas en lugares cerrados.
A esta se suma la ley 20.983 de 1975, que obligaba a los medios de radio y televisión a destinar al menos 60 minutos diarios de su grilla de programación a temas de interés turístico nacional.
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