Fallo YPF: cuáles son los argumentos de los nuevos escritos que presentó Argentina para no pagar

La Procuración del Tesoro presentó dos escritos ante el juzgado de Loretta Preska para suspender el fallo condenatorio que obliga al Estado argentino a pagar 16.000 mil dólares por el proceso de nacionalización de YPF con la entrega del 51% de la compañía.

Entre los argumentos que esgrimió la defensa del Estado se destacó la violación de la legislación nacional porque la entrega de las acciones va en contra de la misma.

También se argumentó que Argentina sería despojada de su participación mayoritaria en YPF, que forzaría un cambio de control y activaría cláusulas que perjudicaría a los accionistas de la empresa.

En la misma línea, se expresa que el caso YPF no es una disputa comercial ordinaria, sino un caso sin precedentes que plantea cuestiones jurídicas complejas.

La Procuración del Tesoro sostuvo que la decisión de la jueza Preska es controvertida no solo jurídicamente a nivel local, sino también en el ámbito del derecho internacional y la política exterior de Estados Unidos.

También se argumenta que los demandantes (Petersen/Eton y Bainbridge) no sufrirían daños por la suspensión de la orden. La legislación argentina impide vender acciones de YPF sin aprobación legislativa. Además, la ejecución inmediata podría afectar a terceros no involucrados, como provincias y bonistas, y activar cláusulas contractuales adversas para YPF, por lo que mantener el statu quo favorece el interés público.

A su vez, se insistió en que la transferencia de las acciones debería realizarse bajo un nuevo contrato de custodia y en una cuenta bajo jurisdicción estadounidense, algo que el Gobierno considera jurídicamente inválido.

Por otro lado, se indicó que el caso presenta cuestiones legales que no han sido abordadas previamente por los tribunales de apelación, lo que incrementa la probabilidad de que el fallo sea revertido o modificado en instancias superiores.

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Fallo YPF: Congreso y Axel Kicillof

Asimismo, remarcó que para la entrega de acciones, el Congreso argentino debe autorizar cualquier transferencia de acciones estatales en YPF. Por lo tanto, incluso si la jueza confirmara su fallo, la ejecución efectiva de la medida resultaría inviable desde el punto de vista legal.

En respuesta al fondo Petersen/Eton Park, que citó declaraciones del gobernador Axel Kicillof, el equipo jurídico del Estado aclaró que Kicillof no forma parte del Gobierno nacional y que su opinión política no tiene incidencia en la estrategia legal de la actual administración.

Agencia Noticias Argentinas

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El origen del juicio por la expropiación de YPF 

El origen del millonario juicio por la expropiación de YPF se remonta a 2012, cuando el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner decidió estatizar el 51% de las acciones y desplazar a Repsol. Aunque esta última fue indemnizada con 5.000 millones de dólares, el Grupo Petersen —que había comprado el 25% de YPF financiado con los dividendos que luego se interrumpieron— entró en quiebra. El síndico concursal español demandó al Estado argentino por incumplir el estatuto de la empresa, lo que dio lugar a una causa en tribunales de Nueva York. En 2023, la jueza Loretta Preska calificó el accionar como «mala praxis expropiatoria» y, lueg, fijó la indemnización total en 17.000 millones de dólares.

El fondo Burford compró los derechos litigiosos del Grupo Petersen en 2015 y, aunque el reclamo inicial fue contra YPF y el Estado, la jueza Preska limitó la responsabilidad exclusivamente al Estado argentino. La defensa del país intentó desde el inicio trasladar el juicio a tribunales nacionales y cuestionar la legalidad de la compra de acciones por parte del Grupo Petersen, pero en 2019 la Corte Suprema de EE. UU. ratificó la jurisdicción de Nueva York. El fallo golpeó el valor de las acciones de YPF y generó impacto político. Javier Milei anunció que apelará la sentencia y apuntó contra Axel Kicillof por la forma en que se ejecutó la expropiación en 2012.