Las dos caras del caso AFA en Estados Unidos: del revés judicial para Tofoni a la investigación por la ruta del dinero
El entorno de Chiqui Tapia celebró una orden de confidencialidad que frena el uso mediáticos de pruebas en su contra por parte del empresario cercano a Javier Milei, pero los fiscales norteamericanos mantienen la lupa sobre los millonarios contratos internacionales de la Selección. Qué dice el fallo y cómo sigue la investigación contra la casa del fútbol argentino.
La investigación sobre los millonarios negocios internacionales de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) abrió un complejo entramado judicial en los Estados Unidos que se divide en dos frentes paralelos. Por un lado, una investigación penal del Departamento de Justicia por presunto lavado de activos y fraude a través del sistema financiero norteamericano; por el otro, un litigio civil impulsado por el empresario Guillermo Tofoni que acaba de derivar en una estricta orden de confidencialidad dispuesta por un juez federal.
El cruce de ambos expedientes generó una guerra de interpretaciones, donde las defensas celebran victorias procesales mientras los fiscales federales preparan las citaciones ante el Gran Jurado.
El freno judicial a Guillermo Tofoni, el empresario cercano al gobierno de Javier Milei
En las últimas horas, la agenda mediática y judicial se sacudió a partir de una resolución del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Georgia. En un documento firmado el 21 de julio de 2026, el juez Clay D. Land resolvió denegar una solicitud de Guillermo Tofoni —empresario de fluidos vínculos con la gestión de Javier Milei y promotor de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD)— para utilizar documentación bancaria en cuatro procesos penales en Argentina.
Según se desprende de la transcripción oficial del fallo, el origen del conflicto se remonta a una petición de discovery (obtención de pruebas bajo la Sección 1782) que Tofoni había ganado para requerir los registros bancarios de la empresa Tourprodenter LLC. Sin embargo, esa autorización era exclusiva para una demanda civil contra la AFA en Argentina (causa CIV 084904/2023).
Ante la evidencia de que Tofoni filtró estos materiales a la prensa y los presentó en tribunales penales, Tourprodenter LLC logró que el tribunal emitiera una orden de protección. El juez Land falló en contra del empresario argumentando que no logró demostrar que el derecho argentino le permita «exigir la producción de los registros bancarios privados de una empresa con el propósito de iniciar denuncias penales contra individuos vinculados a dicha empresa».
El fallo es categórico y le otorga a Tofoni un plazo de 14 días para cumplir con las siguientes directivas:
- Proporcionar notificación por escrito a cada persona o entidad (incluidos periodistas) a quienes les reveló los materiales, informando que están sujetos a confidencialidad y solicitando su devolución o destrucción.
- Tomar medidas razonables para recuperar o asegurar la destrucción del material por parte de personas no autorizadas.
- Presentar una certificación revisada ante el Tribunal describiendo los pasos adoptados.
Este accionar fue inmediatamente advertido por el especialista financiero Sebastián Maril, quien señaló en la red social X: «Pocos saben que la justicia norteamericana ayer le puso freno a la publicación de información sobre el caso AFA. Le cortan el flujo de material al periodismo».
En medio de las repercusiones, curiosamente uno de los que salió a desmentir un presunto operativo del FBI contra Chiqui Tapia fue Javier Negre, el empresario español cercano a Milei y titular de La Derecha Diario. «Me confirman que lo de la incautación del celular de Chiqui Tapia por parte de las autoridades americanas no fue cierto. De hecho, el mismo presidente de la AFA ha estado usando su teléfono para desmentir las informaciones que han inundado hoy los medios, según su entorno», indicó.
Asimismo, el conductor Eduardo Feinmann (A24) negó públicamente haber afirmado días atrás que el FBI iba a detener a Tapia en los vestuarios, un momento que quedó registrado en su programa de televisión.
La guerra de interpretaciones por el fallo contra Tofoni
La resolución en Georgia fue rápidamente esgrimida por el entorno de Claudio Tapia como una victoria definitiva que desarmaba las acusaciones en su contra. Sebastián Dalbon, abogado del presidente de la AFA, expuso en sus redes sociales un extenso análisis donde calificó la decisión como un «duro revés para Guillermo Tofoni».
«Basta de operaciones. Hablen los jueces», sentenció el letrado, y argumentó que la Justicia estadounidense no solo rechazó el intento de ampliar el uso de la prueba, sino que «reforzó la obligación de impedir que siga circulando fuera del expediente». Para Dalbon, el fallo deja un mensaje claro sobre las consecuencias de violar una orden de confidencialidad federal y concluye que «la resolución conocida hasta hoy favorece la posición de la AFA».
Sin embargo, la interpretación de Dalbon omite el alcance real de la resolución, enmarcando una medida procesal de un fuero civil como si representara el final de todas las investigaciones. El periodista Nicolás Pizzi, del diario La Nación, cruzó esta narrativa y apuntó incongruencias del festejo oficialista.
Pizzi explicó que el fallo de Georgia «no tiene nada que ver con la causa penal» y que se trata simplemente de una «protective order» (orden de protección) solicitada por Javier Faroni para prohibir el uso de esos datos en causas penales argentinas.
Además, el periodista aportó dos datos fundamentales que relativizan el triunfo esgrimido por la AFA:
- «La orden del juez de Georgia es solo sobre el Synovus Bank. Hay otros 4 bancos que aportaron pruebas de TourProdEnter».
- El fiscal de la PROCELAC en Argentina, Diego Velasco, «ya dijo que esa prueba se puede obtener de manera directa por otra vía».
Las claves de la investigación en Florida contra la AFA
Más allá del cepo a la documentación civil en Georgia, la situación institucional de la AFA en los Estados Unidos sigue siendo sumamente delicada debido a la investigación penal en curso. Un extenso informe publicado por el diario La Nación detalla las claves del proceso que lidera el Departamento de Justicia para determinar si existió lavado de activos y desvío de fondos mediante contratos espurios.
El foco principal de los fiscales está puesto en TourProdEnter LLC, una empresa constituida en Florida cuya titular formal es Erica Gillette, esposa del productor teatral y exlegislador Javier Faroni. En 2021, la firma firmó un contrato de representación con la AFA y recaudó cientos de millones de dólares provenientes de auspiciantes (como Adidas por US$ 60 millones y Warner por US$ 40 millones), partidos amistosos y premios.
La operatoria quedó sujeta a la jurisdicción estadounidense porque los fondos se canalizaron a través de cinco entidades financieras: Citibank, JP Morgan, Bank of America, Synovus y PNC.
El caso es llevado adelante por tres experimentados fiscales en delitos financieros y corrupción: Michael Berger (Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida), Patrick Gushue (Unidad de Integridad Bancaria en Washington) y Christopher Ting. Cabe destacar que esta investigación tramita de forma completamente independiente a los expedientes en Argentina, por lo que no existe violación al principio de no ser juzgado dos veces por el mismo delito (non bis in idem).
El avance de los investigadores derivó en la emisión de citaciones formales (subpoenas) el pasado 8 de julio, exigiendo comparecer este jueves 30 ante un Gran Jurado (un cuerpo de ciudadanos que define en secreto si la evidencia justifica un juicio). Según el medio ya citado, el tribunal requiere que los citados entreguen todos los registros vinculados a TourProdEnter, Faroni, Diego Lucero, Pablo Toviggino y Claudio «Chiqui» Tapia.
Entre los posibles testigos citados a declarar figurarían Juan Pablo Beacon (ex lugarteniente de Toviggino), Leandro Petersen (responsable comercial de la AFA) y se evalúa convocar a exfuncionarios argentinos como Daniel Vítolo, extitular de la Inspección General de Justicia (IGJ) durante el gobierno de Milei. Aún así, se desconoce de manera oficial quiénes fueron citados a declarar el próximo jueves.
Finalmente, respecto a las fuertes versiones sobre el secuestro del teléfono de Tapia en el aeropuerto de Nueva York, el informe recuerda que la AFA desmintió el hecho. No obstante, advierte que la legislación estadounidense faculta a agencias como el FBI o Homeland Security a exigir a cualquier turista la entrega de sus dispositivos para copiarlos al cruzar la frontera, dejando un manto de dudas sobre lo que realmente ocurrió antes de que el avión de la Selección despegara rumbo a Buenos Aires.
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