Un juez decidirá si mantiene la tobillera a la mujer acusada de ejercer como médica con un título falso en Roca

Tras una audiencia de revisión, la defensa de la mujer solicitó revocar el uso de la tobillera de monitoreo y el congelamiento de sus activos. La fiscalía insistió con las medidas cautelares y volvió a advertir sobre el riesgo de fuga. El juez pasó a deliberar.

La mujer cambió de defensa y los abogados pidieron revisar las medidas cautelares en su contra. Foto Alejandro Carnevale.

La investigación judicial preliminar contra Mariela Fernanda Marzano, la mujer acusada de ejercer la medicina durante seis años en Roca utilizando un título falso, sumó un nuevo capítulo este lunes en los tribunales. En una audiencia de revisión de medidas cautelares, el juez Oscar Gatti escuchó los planteos de las partes y pasó a un cuarto intermedio. Ahora, deberá definir si mantiene la tobillera electrónica y la inhibición general de bienes que pesan sobre la mujer. Aún no fue formalmente imputada.

La investigación, que se inició tras una denuncia del Ministerio de Salud de Río Negro, sostiene que Marzano presentó documentación apócrifa de la Universidad de los Andes (Venezuela) y de la Universidad Nacional del Comahue para obtener su matrícula. Según la fiscalía, bajo esa «farsa profesional», se desempeñó desde 2020 en el hospital Francisco López Lima y en clínicas privadas de la ciudad.

Así llegaba la mujer acusada de ejercer ilegalmente la medicina. Foto Alejandro Carnevale.

Cuáles fueron los cuestionamientos a las medidas


Representada por sus nuevos abogados defensores Pablo Iribarren y Oscar Pineda, Marzano centró su estrategia en demostrar que las medidas actuales son «innecesarias y desproporcionadas». Iribarren argumentó que la mujer posee un fuerte arraigo en la ciudad, donde vive con su pareja y su hija menor, y que nunca ocultó su identidad.

«El proceso se encuentra en una etapa incipiente, sin formulación de cargos y sin que haya ninguna certeza de los hechos investigados«, reforzó el letrado.

La dupla defensora, Pineda-Iribarren, cuestionaron las medidas restrictivas tomadas en contra de su clienta. Foto Alejandro Carnevale.

Sobre la posibilidad de escape, la defensa fue directa al señalar que «las medidas cautelares no pueden transformarse en un anticipo de pena ni en una sanción encubierta». Asimismo, cuestionaron que se utilice la tenencia de un pasaporte o la cercanía con la frontera como «argumentos genéricos» de un riesgo procesal, ofreciendo entregar el documento de viaje de manera voluntaria para evitar el uso del dispositivo electrónico.


La aparición de nuevas denuncias


Por su parte, la fiscal Celeste Benatti ratificó la necesidad de mantener el monitoreo y la inhibición de bienes. La funcionaria reveló un dato que podría agravar la situación de Marzano: la existencia de dos nuevas denuncias en trámite por el fallecimiento de pacientes que habrían sido atendidos por la acusada. «Vienen a denunciar que sus familiares murieron y están en investigaciones», detalló la fiscal sobre estas nuevas presentaciones.

La fiscal Celeste Benatti solicitó confirmar la resolución adoptada por la jueza de Garantías y anticipó que hay más denuncias que están siendo tramitadas. Foto Alejandro Carnevale.

«Resguardamos todas las historias clínicas y los pacientes que atendió la señora por futuras denuncias que se puedan hacer», dijo Benatti.

En cuanto a la inhibición de bienes, la representante del Ministerio Público Fiscal argumentó que busca evitar que se consolide el provecho delictivo de un fraude que se extendió por seis años, tiempo durante el cual la administración pública y entidades privadas le abonaron salarios como profesional médica.

La fiscalía señaló que «la señora habría trabajado los últimos seis años cometiendo los delitos de ejercicio ilegal de la medicina (Artículo 208 inciso 1°), usurpación de títulos (Artículo 247), falsificación de documento público (Artículo 292 inciso 1°), uso de documento público falso (Artículo 296) y defraudación agravada contra la administración pública en tres instituciones diferentes».

«En una clínica privada durante seis años, en otra por algunos meses y en el hospital local por dos años”, agregó la representante fiscal.

Benatti subrayó que, dada su actividad previa, Marzano ostentaba una capacidad económica que le permitiría ausentarse del país, citando como antecedente otros casos de evasión de la justicia incluso bajo monitoreo.

«Solicito que tenga por confirmada la resolución de la jueza de Garantías y se rechace el recurso de la defensa«, concluyó la fiscal.


En camino a la decisión final: ¿Cuándo se conocerá la resolución del juez Gatti?


Hacia el final de la audiencia, Iribarren insistió en que el proceso se encuentra en una etapa «embrionaria» sin que aún se hayan formulado cargos de manera formal, lo que a su criterio vuelve ilegal la restricción de derechos fundamentales.

El juez revisor, Oscar Gatti, deberá decidir si sostiene las medidas cautelares. Foto Alejandro Carnevale.

«Traer las supuestas nuevas denuncias al debate es puramente mediático, porque para demostrar algo que no resulta discutible: yo no puedo controvertir algo que desconozco. Y menos usted (al juez), donde no se le ha acreditado absolutamente nada de lo que dice la señora fiscal sobre las presuntas denuncias que existen en la ‘nube’, diría yo«, contestó Iribarren al argumento de Benatti respecto del agravamiento en la situación procesal que podría encontrarse la acusada.

«Esta medida cautelar es prácticamente una condena para mí», sumó Pineda.

Tras escuchar a las partes, el juez Oscar Gatti dispuso un cuarto intermedio hasta este martes 21 de abril a las 9, momento en el que notificará su resolución sobre la continuidad de la tobillera electrónica y el embargo general de los activos de la mujer investigada.


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