De la amenaza millonaria al alivio judicial: el caso YPF y los dilemas del Gobierno

Para comprender la magnitud del fallo que la justicia norteamericana dictó en favor de Argentina en la causa por la expropiación de YPF, conviene imaginar por un momento el contrafáctico.

¿Qué estaría ocurriendo si el fallo era desfavorable y el Estado argentino tenía que indemnizar con una cifra cercana a los 16.000 millones de dólares a los demandantes; pagar con sus acciones en la empresa; afrontar el derrumbe de otros activos argentinos en los mercados por el contagio tras la caída de YPF; asumir el efecto de esa marea de desconfianza sobre los títulos de deuda y enfrentarse al impacto económico interno de ese colapso?

Los catastrofistas que todos los días prosperan en el país anunciando cataclismos por cada suba en el valor del maple de huevos habrían tenido, por fin, su justificación conclusiva.

No ocurrió. El mérito es, sin dudas, atribuible a la estrategia jurídica sostenida por el Gobierno, que fue oportunamente articulada con la gestión diplomática. Sin esa tarea, hubiese sido impensable la presentación en condición de amicus curiae efectuada por la administración Trump y la declaración de interés expuesta en febrero pasado por el gobierno norteamericano para evitar que se declarara a la Argentina en desacato.

La expresidenta Cristina Kirchner y el exministro Axel Kicillof intentaron disputar ese mérito con un razonamiento extraño, que se podría resumir en estos términos: «Pusimos al país al borde de un quebranto mayúsculo, vinieron otros que lo evitaron y finalmente nos dieron la razón».

La carátula del expediente es toda una descripción refutatoria de ese argumento: los demandantes de inicio fueron las empresas Petersen Energía Inversora y Petersen Energía.

A raíz de un acuerdo firmado en 2015 con la administración concursal de esas empresas del Grupo Eskenazi, los fondos de inversión derrotados en el juicio adquirieron el 70% del monto en litigio. El 30% restante estaba destinado a abastecer el concurso de las empresas Petersen en Madrid.

El principal acreedor allí era Repsol —accionista mayoritario tras la privatización de YPF— por préstamos que le otorgó al Grupo Eskenazi. Ese grupo empresario fue introducido en YPF a pedido del matrimonio Kirchner y el préstamo de Repsol era para que entraran a YPF sin aportar capital.

Cuando Cristina Kirchner y Axel Kicillof impulsaron la expropiación de YPF, llegaron luego a un oneroso acuerdo indemnizatorio con Repsol. Petersen-Eskenazi quedó fuera del arreglo e inició la demanda que ahora llegó a su fin.

Como sugirió un anónimo de humor ácido en la red social X: «Aprendamos como lección a no pelearnos con el testaferro que ponemos en empresas importantes».

Entre los abogados del Grupo Eskenazi siempre estuvo cerca el letrado cordobés Carlos Zannini. Excepto en el sugestivo período en que debutó (perdiendo) del lado contrario, como jefe de los abogados del Estado argentino, durante el gobierno de Alberto Fernández.

Confundidos

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Ninguno de estos argumentos fue utilizado por el Gobierno nacional, pese al éxito jurídico. La Casa Rosada está con dificultades para argumentar. Califica o descalifica. El veredicto de la justicia norteamericana no alivió esas dificultades. Probablemente porque esas complicaciones provienen de problemas a los que no se les encuentra solución.

El más severo de esos problemas es el giro que ha comenzado a percibir en el clima social por la concurrencia de dos factores: la inflexibilidad a la baja que está mostrando la inflación y el impacto del modelo productivo emergente en el nivel de actividad y empleo de los grandes conglomerados urbanos.

En la movilización opositora que se concretó el 24 de marzo, al cumplirse medio siglo del último golpe de Estado, puede que haya existido un registro de esa nueva sensibilidad social.

El Gobierno solo tomó nota del debate sobre el pasado. Es real que los discursos canónicos sobre la última dictadura se parecen en ocasiones a una liturgia que teme novedades y aspira con ansiedad inocultable a su blindaje y clausura. Como si no conviniera incorporar nada nuevo al debate histórico. No vaya a ser que alguien descubra que Mario Firmenich y Fernando Vaca Narvaja se aprestan a morir de viejos, en el sosiego plácido conquistado tras los indultos de Carlos Menem.

Pero la masividad de la movilización también fue histórica. La Casa Rosada, concentrada en la discusión de la memoria completa, debería preocuparse también por el presente completo, que involucra un clima que dejó atrás la euforia política residual tras el triunfo en las elecciones de octubre.

Parte de esa novedad es que la opinión pública ya no le otorga al Presidente el beneficio de la duda y pide una argumentación consistente en casos como el de la criptoestafa Libra o las desventuras propias que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, agrava con cada explicación.

Del celular del inquieto emprendedor Mauricio Novelli no dejan de fluir recuerdos que son un manantial de incordios para el presidente Milei y su hermana Karina. Sin ninguna refutación oficial, estos registros van dejando instalada una sospecha insistente: la de un mecanismo de financiamiento político que habría funcionado en tiempos de campaña para el elenco libertario y pretendía seguir con inercia potenciada una vez que llegaron al gobierno.

Dicho en términos electorales: un método que no distinguió la diferencia entre el momento de obtener los votos y el momento en que ya los había conseguido y debía concentrarse en gobernar.

Curiosa confusión para presuntos especialistas en reconocer las diferencias entre flujos y stock.