El oficialismo retoma la discusión por el Súper RIGI y la ley de Lobby en Diputados: será en dos plenarios
La primera reunión iniciará a las 11 en un plenario de la comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General. El segundo será por la tarde y será un encuentro conjunto de Presupuesto, Industrias y Ciencia.
En medio de la interna abierta en el oficialismo, el Gobierno intenta retomar la iniciativa en la Cámara de Diputados para avanzar con el tratamiento de las leyes de Súper RIGI y de Lobby. El debate será en dos plenarios este miércoles.
El primero inicia a las 11 en un plenario de la comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General para tratar el Régimen de transparencia y publicidad de la gestión de intereses. El segundo será a las 14 en una reunión conjunta de Presupuesto, Industrias y Ciencia para abordar el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (Super RIGI) en industrias «de frontera» tecnológica.
La idea del oficialismo es volver a reunir los plenarios la semana próxima para dictaminar los proyectos y dejarlos a punto para ser votados en la sesión prevista para el 24 de junio. Esta fecha fue la fecha comunicada por el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, a los jefes parlamentarios de las principales fuerzas políticas para que estuvieran al tanto de la hoja de ruta y el cronograma de trabajo.
Ley de lobby y Súper RIGI
El “Súper RIGI” consiste en una ampliación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones incluido en la Ley Bases.
El proyecto apunta a fomentar nuevas actividades económicas y atraer capitales extranjeros en sectores estratégicos como litio, hidrógeno verde, energía nuclear, baterías, industria aeroespacial y vehículos eléctricos.
El esquema incluiría beneficios fiscales y aduaneros, reducción del impuesto a las ganancias al 15%, eliminación de derechos de exportación, amortización acelerada y estabilidad fiscal y jurídica para las empresas que se adhieran.
El segundo proyecto es la denominada Ley de Lobby, con la que el Gobierno buscará regular y transparentar la actividad de los grupos de interés que buscan influir en decisiones públicas.
La iniciativa prevé la creación de un registro obligatorio de lobistas, publicación de reuniones con funcionarios y controles sobre posibles conflictos de interés.
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