El plan de desendeudamiento de Weretilneck para estatales, con topes y renegociaciones de montos y plazos
El decreto de las retenciones máximas se formalizará esta semana, y los límites comenzarán a aplicarse en noviembre. El gobierno prevé además convenios con las 14 organizaciones acreedoras para renegociar montos y plazos.
Río Negro limitará las retenciones sobre los salarios de los empleados públicos endeudados y, además, pretende que mutuales, sindicatos y entidades financieras renegocien esas deudas.
El plan del gobierno provincial tendrá tres “ejes” centrales: un decreto de “restitución de un tope” de las retenciones; una “ronda de encuentros con las organizaciones y la firma de convenios con las organizaciones acreedoras de condiciones para la renegociación de montos y plazos”; y la futura puesta en marcha de “un centro de autorización” de endeudamiento. Así lo confirmó el ministro de Hacienda, Gabriel Sánchez, a Río Negro.
Sin embargo, evitó precisar algunos aspectos centrales de su implementación. Anticipó que el decreto con los límites a las retenciones se formalizaría esta semana y estimó que comenzará a aplicarse con los salarios de noviembre.
Actualmente, no existen restricciones y el alto nivel de endeudamiento genera que los estatales tengan fuertes mermas en sus ingresos, incluso con salarios netos de 0.
El porcentaje máximo de descuento todavía está en análisis. Entre las alternativas en evaluación en el gobierno figuran un límite del 30% al 33% de los haberes y, últimamente, se sumó otra opción: un diseño de un tope máximo del 50%, con un esquema progresivo de reducción.
En este esquema se explica la referencia del ministro a la “restitución de un tope”, que remite al decreto N° 1485, del 2018, que había fijado un máximo del 50% para las retenciones, pero, en realidad, nunca llegó a aplicarse y fue derogado en 2020 por otra norma, la N° 1186.
El año pasado, Hacienda informó a la Legislatura que casi 19.000 agentes públicos del Ejecutivo tenían alguna retención a favor de entidades con códigos autorizados.
A fines de agosto, durante una actividad en Bariloche, el gobernador Alberto Weretilneck ya había reconocido su “preocupación” por el endeudamiento de los empleados públicos y anticipado que se preparaban medidas dirigidas al sector estatal.
El año pasado, Hacienda informó a la Legislatura del número de estatales con descuentos a favor de 14 entidades autorizadas, sumando casi 19.000 estatales. Con porcentajes y apremios diferentes, esa cantidad representa un tercio del total del personal del Poder Ejecutivo.
Convenios de renegociación
En las últimas semanas, Sánchez mantuvo reuniones con representantes de mutuales, sindicatos y entidades financieras que cuentan con códigos de descuento. Ese mecanismo les permite cobrar directamente de las liquidaciones salariales las cuotas de los créditos otorgados a los agentes provinciales.
En los encuentros se habría analizado la posibilidad de establecer convenios para que las entidades acreedoras acepten renegociar los montos adeudados y extender los plazos de pago.
En el gobierno existe confianza en lograr que esas entidades acepten revisar sus créditos, con pautas generales pactadas, aunque las negociaciones serían individuales y voluntarias para el agente público.
La mayoría de las organizaciones habría manifestado su conformidad con el planteo provincial. Sin embargo, el paso decisivo será la convocatoria formal y la firma de los acuerdos, previstos para el transcurso de octubre.
Uno de los argumentos que favorecen la expectativa oficial de alineamiento es la preocupación de los propios acreedores por los niveles de morosidad. En algunos casos, los salarios no alcanzan para todas las retenciones autorizadas por la multiplicidad de cesiones otorgadas por los estatales.
La Provincia cuenta, además, con una herramienta de presión: la posibilidad de suspender los códigos de descuento para nuevas operaciones a las entidades que rechacen la revisión de las condiciones de endeudamiento.
Centro de autorización
El tercer eje del plan será la puesta en marcha de un centro de autorización de endeudamiento. Su función será intervenir en las consultas por nuevas operaciones y verificar el nivel de compromisos financieros de los agentes públicos antes de habilitar nuevos préstamos.
La iniciativa busca evitar que los empleados acumulen descuentos por encima de su capacidad de pago y que las retenciones autorizadas terminen comprometiendo una porción excesiva de sus haberes.
La falta de un mecanismo de control de ese tipo fue, precisamente, uno de los fundamentos usados por la Provincia en 2020 para derogar el decreto que establecía el tope del 50%. En este intento, el gobierno estima su aplicación para antes de la finalización del año.
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