Pablo Quirno sobre el contrato de $114 millones con la esposa de Sturzenegger: «No hay ningún despilfarro»
El ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto volvió a referirse a la millonaria suma que dispuso la Cancillería en una capacitación de inglés de nueve meses. Una agrupación presentó una denuncia penal contra el ministro de Desregulación y pidió investigar la adjudicación.
Siguen las repercusiones sobre el millonaria contratación de la Cancillería argentina con la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), entidad que preside María Josefina Rouillet, esposa del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. En total, la suma fue de $114.044.133 para capacitación en idioma inglés. El canciller Pablo Quirno aseguró que no se trató de «ningún despilfarro».
El ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto –que firmó el pliego– le respondió este lunes a la senadora kirchnerista de la provincia de Buenos Aires, Juliana Di Tullio.
La legisladora -que había adelantado que iba a radicar una denuncia por este contrato- apuntó contra el canciller porque fue su cartera la que habilitó la «contratación escandalosa» y le pidió ver la declaración jurada del artículo 1 del decreto 202/17.
«La adjudicataria tiene la obligación de declarar el parentesco con un ministro, aunque la contratación no sea de esa cartera», sostuvo y añadió que es «obligatorio en el expediente para la adjudicación que SU ministerio hizo». Por último, chicaneó al canciller: «Le aconsejo que deje tuiter que va a tener que preparar papeles».
Las respuestas de Pablo Quirno sobre el contrato de la Cancillería con la esposa de Sturzzenegger
El intercambio se produjo en X (ex Twitter) y el funcionario de Javier Milei publicó los documentos que solicitó la senadora: «Todos los requisitos cumplidos».
Tal como ya había indicado el Gobierno, tanto la Secretaría General de la Nación como la Oficina Anticorrupción habían intervenido en la revisión del trámite y habían concluido que «el procedimiento analizado se han cumplido acabadamente las previsiones establecidas en el Decreto 202/2017 y se halla debidamente encaminado el mecanismo adicional de transparencia pendiente de adopción.”
Lea esto y por ahí se ahorra tiempo que puede utilizar para la Fundición a la que pertenece o en no dar consejos que no le piden.
— Pablo Quirno (@pabloquirno) February 16, 2026
Todos los requisitos cumplidos.
“En virtud de lo expuesto, cabe concluir que en el procedimiento analizado se han cumplido acabadamente las… https://t.co/AGH38uW7dV pic.twitter.com/UL7vvMMmSJ
En este sentido, un usuario libertario le recriminó que, más allá del marco jurídico, el Gobierno podría también pasar la «motosierra» ya que una cartera como Cancillería no debería gastar esos recursos en clases de inglés. «No hay ningún despilfarro. Abrazo», respondió Quirno.
Otro simpatizante de La Libertad Avanza le retrucó que «no se puede hacer vista gorda que esto es una avivada enorme» y el canciller fue contundente: «No. Abrazo».
Denuncian penalmente a Sturzenegger y piden investigar un contrato de 114 millones de pesos con la AACI
Los abogados José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio presentaron este lunes una denuncia penal para sorteo ante la Cámara Criminal y Correccional Federal contra el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y otros funcionarios por la presunta omisión de publicación en la web de la Oficina Anticorrupción (OA), prevista en el Decreto 202/2017, en el marco de la contratación de Cancillería con la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI).
Según informó la Agencia Noticias Argentinas, la constancia de presentación indica que la denuncia fue remitida el 16 de febrero de 2026 a las 13:55 al correo de sorteos de la Cámara, junto al escrito adjunto “DENUNCIA PUBLICACIÓN STURZENEGGER Y OTROS”.
En el escrito, los denunciantes —que pidieron ser identificados como integrantes de Reset Republicano, “una agrupación política del centro republicano comprometida con la lucha anticorrupción y la construcción de una alternativa política moderada”— solicitaron también que se investigue la conducta de María Josefina Rouillet, cónyuge del ministro y directiva de la entidad adjudicataria.
La presentación menciona que la Subsecretaría de Coordinación y Administración Exterior dictó la Disposición 21/2026 (DI-2026-21-APN-SSCYAE#MRE) el 19 de enero de 2026, por la cual se adjudicó a la AACI la Adjudicación Simple por Especialidad N° 26-0033-CDI25 por $114.044.133, con opción de prórroga, para la continuidad del servicio de capacitación en inglés del personal de Cancillería, en el marco del Plan Estratégico de Capacitación (PEC) 2025–2027.
Según el texto, la propia disposición consignó que de la Declaración Jurada de Intereses surgió un “vínculo positivo” entre Rouillet y Sturzenegger, y que se activaron los procedimientos del artículo 4° del decreto: comunicación a OA y SIGEN, sugerencia de un Pacto de Integridad y publicación de actuaciones en el sitio del ministerio.
Sin embargo, los denunciantes afirmaron que, al consultar el buscador de “Casos informados a la OA”, constataron que, al 15 de febrero de 2026, no figuraban publicaciones registradas sobre la recepción de la declaración jurada correspondiente al caso y sostuvieron que esa presunta omisión afectó un requisito “clave” de transparencia.
En el capítulo “Derecho”, el escrito encuadró los hechos en los posibles delitos de incumplimiento de deberes (art. 248 del Código Penal) y negociaciones incompatibles (art. 265), y señaló que el tema tomó dimensión pública porque fue noticia en distintos medios, como la Agencia Noticias Argentinas, que la denuncia menciona expresamente.
En la presentación también introdujo un antecedente: se aseguró que en 2024 estuvo vigente otro contrato entre “idénticos contratantes” y se pidió verificar si correspondía una actualización de la declaración jurada dentro del plazo que prevé el decreto, y si esa actualización fue publicada en el sitio de la OA.
Qué se sabe del contrato que firmó la Cancillería con la esposa de Federico Sturzzenegger
Las declaraciones públicas de Quirno se dieron en respuesta a cuestionamientos difundidos en redes sobre el contrato de capacitación en inglés adjudicado a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa —entidad que tiene como Directora Ejecutiva a Rouillet— y el procedimiento activado por el vínculo declarado con el ministro Sturzenegger.
La contratación se tramitó mediante una adjudicación simple por especialidad y, debido al vínculo familiar, el expediente activó el procedimiento de integridad previsto en el decreto 202/2017, con intervención de la Oficina Anticorrupción (OA) y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).
Según consta en los documentos oficiales, la propuesta presentada por la AACI al Ministerio fue preparada por la esposa de Sturzenegger.
La adjudicación quedó formalizada a través de la Disposición DI-2026-06694033-APN-SSCYAE#MRE, en el marco del expediente EX-2025-132767865-APN-DCYC#MRE y del procedimiento 26-0033-CDI25, publicado en el sistema COMPR.AR.
El contrato tiene una duración de nueve meses, con opción de prórroga por un plazo igual, por un monto de $114.044.133.
En los considerandos de la disposición, Cancillería dejó constancia de que, al analizar la Declaración Jurada de Intereses exigida por el Decreto 202/2017, surgió un “vínculo positivo” entre una autoridad de la entidad adjudicataria y un ministro nacional. La Oficina Anticorrupción incorporó un dictamen en el expediente que encuadró el vínculo como “familiar (matrimonio)” entre Sturzenegger y Rouillet.
En función de ese resultado, el área de Compras y Contrataciones del Ministerio informó la situación tanto a la OA como a la SIGEN y recomendó la adopción de un “mecanismo adicional de transparencia”, que en este caso fue la suscripción de un Pacto de Integridad entre el Estado y la entidad contratada. Según consta en el expediente, la OA solicitó que, una vez firmado el instrumento, se le remitiera copia; posteriormente, Cancillería dejó asentado que el pacto fue efectivamente incorporado y comunicado a ese organismo.
El Pacto de Integridad es un acuerdo formal y obligatorio entre la entidad estatal contratante y la entidad contratada, diseñado para garantizar transparencia y prevenir corrupción, sobornos y conflictos de interés en procesos de contratación pública. Compromete a las partes a no ofrecer ni aceptar beneficios indebidos.
El servicio fue requerido por la Dirección de Desarrollo de Recursos Humanos, dependiente de la Subsecretaría de Coordinación y Administración Exterior, en el marco del Plan Estratégico de Capacitación (PEC) 2025–2027. En el expediente se argumentó que la AACI resultaba el “único prestador” capaz de garantizar la continuidad del programa por su trayectoria y antecedentes en capacitaciones similares dentro del Ministerio.
La contratación se encuadró como Adjudicación Simple por Especialidad, figura prevista en el régimen de contrataciones del Estado para servicios considerados específicos. Al momento de la apertura, se registró una única oferta, presentada por la AACI, por el monto total luego adjudicado.
Además del expediente 2025/2026, el portal COMPR.AR registra una contratación previa de Cancillería con la AACI. Se trata de una orden de compra de 2024 que, según la ficha pública, fue autorizada y perfeccionada el 20 de marzo de 2024, con vigencia desde el 20 de marzo de 2024 hasta el 20 de diciembre de 2024.
El objeto consignado es un “curso de capacitación”, por un total de $55.388.180, bajo modalidad de servicio. A diferencia del trámite adjudicado en 2026, en esa contratación no figura publicado un Pacto de Integridad en la documentación disponible. Además, al momento de la consulta, la orden de compra completa y las cláusulas particulares (pliego específico) no estaban disponibles para descarga, pese a que el resumen indica que el contrato se rige por esas condiciones.
El pliego aprobado detalla un cupo total de 132 agentes a capacitar durante 2026. El esquema incluye:
- Cinco cursos regulares (Senior 3, Senior 4, Senior 5, Senior 6 y First Certificate), con 110 participantes en total.
- Talleres para personal diplomático del ISEN, en niveles B2 y C1, con 22 participantes.
- Hasta 80 tests de nivelación para la asignación de cursos.
La modalidad prevista es presencial, con dictado en la sede de la AACI en Suipacha 1333 (Retiro, CABA). Los cursos se desarrollarán entre marzo y noviembre, con clases de dos horas y media semanales, totalizando 10 horas mensuales por curso, en franjas horarias comprendidas entre las 13 y las 17. Los talleres especializados tendrán una carga de ocho horas mensuales.
El servicio incluye, además, plataforma virtual de apoyo, seguimiento de asistencia, informes de progreso y certificación conforme a estándares internacionales, así como la provisión de bibliografía 2026, con materiales de editoriales como Oxford y Cambridge.
El contrato prevé un esquema de pagos escalonado. El pliego habilita a la entidad adjudicataria a solicitar un adelanto de hasta el 40% del monto total, una vez perfeccionado el contrato, contra factura y contragarantía. El 60% restante se abonará en dos tramos del 30%, uno contra la presentación de resultados de exámenes intermedios y el último contra las calificaciones finales y el listado de aprobados al cierre del ciclo.
Para el renglón de bibliografía, el pago está previsto contra entrega de los libros, al inicio del ciclo lectivo 2026.
En la tramitación del expediente intervinieron la Dirección de Desarrollo de Recursos Humanos, la Dirección del ISEN, la Dirección de Compras y Contrataciones, la Dirección General de Administración y la Dirección General de Asuntos Jurídicos. La disposición de adjudicación fue emitida por la Subsecretaría de Coordinación y Administración Exterior.
El acto administrativo autorizó expresamente a la Dirección de Compras y Contrataciones a suscribir la orden de compra correspondiente y le delegó la facultad de aplicar eventuales penalidades por incumplimientos contractuales.
Con la incorporación del Pacto de Integridad y la comunicación a la Oficina Anticorrupción, Cancillería dio por cumplido el procedimiento previsto para los casos en los que se detectan vínculos personales relevantes entre funcionarios y proveedores del Estado. La adjudicación quedó firme y el contrato, habilitado para su ejecución por el plazo establecido.
Con información de Noticias Argentinas.
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