Dos imputados por la red narco que unía al Alto Valle y Bariloche: seguirán detenidos y revelan cómo operaban
Tras la audiencia en Roca, Julián Pérez y Nicolás Correa quedaron con prisión preventiva por 150 días. Se los vincula al traslado de drogas desde el Alto Valle hacia centros de venta en Bariloche.
En una extensa jornada en los tribunales federales de Roca, el juez Gustavo Zapata resolvió formalizar la investigación y dictar la prisión preventiva para los dos hombres detenidos el jueves pasado en San Carlos de Bariloche. La resolución se dio en el marco de la causa que desbarató una sofisticada organización criminal dedicada al transporte, distribución y comercialización de estupefacientes desde el Alto Valle hacia la zona andina.
Los imputados, Julián Alberto Pérez (37) y Nicolás Alejandro Correa (28), fueron capturados durante un allanamiento en el complejo habitacional de la ciudad cordillerana. Durante el procedimiento, las fuerzas de seguridad secuestraron 1,67 kilogramos de cocaína, armas de fuego de grueso calibre y una millonaria suma de dinero en efectivo. Según la acusación fiscal, la banda operaba bajo una estructura aceitada que utilizaba tanto vehículos particulares como «mulas» en colectivos de larga distancia para asegurar el flujo de droga hacia la cordillera.
Un proceso declarado «causa compleja»
Al inicio de la audiencia, el Ministerio Público Fiscal, representado por el fiscal del área de Litigación y Casos Sencillos, Sebastián Gallardo y los auxiliares Greta Dómina y Francisco Iglesia, solicitó que el proceso sea declarado como «causa compleja». Los fiscales argumentaron que la organización involucra a un total de 26 personas, con ramificaciones que abarcan diversas jurisdicciones y modalidades delictivas que incluyen el lavado de activos.
El fiscal Gallardo detalló que la investigación, que se extendió por más de 13 meses, permitió identificar a los líderes de la estructura, quienes actualmente se encuentran prófugos con orden de detención vigente. Según la fiscalía, la red no funcionaba como un simple «kiosco» de drogas, sino como una organización de mediana y gran escala en Bariloche. «No podemos dejar de valorar que estamos ante una organización criminal que transportaba estupefacientes desde el Alto Valle hasta la ciudad cordillerana», remarcó la fiscalía durante la audiencia.
Los 14 viajes y el rol de los imputados
La pieza clave para vincular a Julián Pérez con la organización fue el rastreo satelital. Mediante la utilización de dispositivos GPS colocados en sus vehículos y el análisis de lectores de patentes, la policía rionegrina detectó que Pérez realizó 14 viajes hacia Bariloche entre febrero y mayo de este año. Estos desplazamientos eran breves, generalmente nocturnos y por rutas alternativas, lo que para los investigadores confirma su rol como el encargado del transporte de las sustancias.
Por su parte, Nicolás Correa fue señalado por el MPF como el responsable de recibir el material en la zona andina para su posterior distribución.
Dentro de la estructura de la organización criminal desbaratada, los grupos de WhatsApp funcionaban como el motor operativo para la comercialización de estupefacientes a mediana y gran escala en San Carlos de Bariloche.
De acuerdo con las fuentes, estas eran las características principales de su funcionamiento: se detectaron al menos tres grupos específicos. Cada uno de estos espacios contaba con una audiencia de entre 1.000 y 1.500 integrantes.
Los grupos eran gestionados directamente por los líderes de la banda. Desde allí, coordinaban el flujo constante de sustancias hacia la zona andina. A diferencia de los puntos de venta minoristas o «kioscos», en estos chats se ofrecían cantidades específicas en gramos para abastecer a otros distribuidores locales.
Además, la fiscalía detectó que los administradores utilizaban los grupos para realizar amenazas concretas contra personas que mantenían deudas por la compra de estupefacientes. Para desentrañar esta modalidad, la Justicia Federal autorizó la intervención de agentes reveladores digitales. Estos efectivos lograron introducirse en los grupos, captar las ofertas de droga e identificar a los administradores de la red.
Esta modalidad digital permitía a la organización mantener un vínculo comercial estrecho y operativo entre el Alto Valle y la cordillera, moviendo sumas millonarias de dinero que luego eran transferidas a través de billeteras virtuales.
Tal es así que, la fiscalía presentó pruebas de transferencias bancarias y movimientos en billeteras virtuales entre Correa y los líderes de la banda que superan los 5 millones de pesos en periodos previos a su detención. Además, en el domicilio que compartían al momento del allanamiento, se hallaron tres armas de fuego: dos pistolas Glock (modelos 19 y 26) y una Bersa Thunder calibre 380, junto con abundante munición.
Drogas, dólares y armamento
El detalle de lo incautado en el departamento refleja una porción de la magnitud del negocio ilegal. Además de los 1,67 kilogramos de cocaína —una parte fraccionada en envoltorios y otra en un «ladrillo» compacto con el sello «Audi»—, se encontraron 16.565 dólares, 1.335.450 pesos argentinos y balanzas de precisión.
El fiscal Iglesia describió que la cocaína fue hallada en diversos sectores de la vivienda, incluso en el bolsillo de una campera perteneciente a Correa. Respecto al armamento, se imputó a Correa por la «tenencia ilegítima de arma de guerra», ya que no contaba con la autorización correspondiente para una de las pistolas 9mm secuestradas. La fiscalía subrayó que el valor de la droga en el mercado alcanzaría los 19.000 dólares, una cifra que refuerza la hipótesis del poderío económico de la red.
La resistencia y oposición de la defensa
Las defensoras oficiales de Pérez, Gabriela Labat y Astrid Reinetti, junto al abogado particular de Correa, Julio Guillermo Oviedo, se opusieron a la calificación legal de «comercialización agravada». Argumentaron que la aparición de sus defendidos en la causa fue reciente y que no existen mensajes directos que los vinculen con la venta de droga.
Asimismo, la defensa pública como la privada coincidieron en que el Ministerio Público Fiscal entregó la totalidad de las pruebas (miles de archivos digitales) con menos de 24 horas de antelación, lo que impidió un análisis profundo de la causa.
Reinetti sostuvo que «en este caso se ha cercenado el derecho al ejercicio de una defensa técnica eficaz en clave convencional y constitucional. (…) El legajo fiscal fue recién compartido en el día de ayer a las 13 horas aproximadamente».
Además, las defensoras de Pérez enfatizaron su arraigo en Allen, su trayectoria laboral lícita hasta finales de 2025 y su rol como padre de cuatro hijos, solicitando medidas alternativas como la tobillera electrónica o una caución real de 2,5 millones de pesos.
Por su parte, Oviedo dijo que «son muchos meses de investigación de los cuales tengo que analizar. (…) Obtuve copia íntegra del legajo el día de ayer, hace menos de 24 horas. Me puse a analizar lo del estudio, a abrir cada archivo… es una tarea ardua, larga» y completó: «La evidencia que se sustenta es vidriosa y resbaladiza», calificando la acusación como «precaria» tras 13 meses de investigación sin pruebas de contacto directo de su cliente con los grupos de venta.
Resolución judicial y prisión preventiva
Tras escuchar a las partes, el juez Zapata ratificó la legalidad de las detenciones y formalizó la investigación por el plazo de un año. Al momento de decidir sobre la libertad de los implicados, el magistrado consideró que existen riesgos procesales evidentes de fuga y entorpecimiento.
«Entiendo que la gravedad de las circunstancias, la cantidad de personas investigadas y el material probatorio secuestrado, incluidas las armas y el valor de la droga, justifican la medida», señaló el juez. También, rechazó el planteo de las defensas sobre el arraigo como factor único, dictaminando que este debe analizarse de forma «conglobada y concurrente» con la gravedad y complejidad de las circunstancias del caso
Finalmente, dictó la prisión preventiva para Pérez y Correa por 150 días, con vencimiento el 28 de octubre de 2026, mientras se avanzan con las pericias sobre 10 teléfonos celulares y dispositivos electrónicos incautados.
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