Ley de Tierras: el fallo de la Corte encendió las alarmas de la oposición y pone en riesgo el DNU de Javier Milei
Sectores de la Cámara de Diputados impulsan una sesión especial para derogar el megadecreto 70/2023, mientras otros bloques buscan proyectos alternativos.
El reciente pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que dejó firme la derogación de la Ley de Tierras contemplada en el DNU 70/2023 encendió las alarmas en el escenario político nacional. En las últimas horas se impulsó una fuerte ofensiva parlamentaria por parte de la oposición.
La resolución judicial ratifica la eliminación de los límites legales que impedían la extranjerización de tierras en el suelo argentino, un aspecto sensible para las provincias con vastos recursos naturales y zonas de frontera.
Ante este escenario, la bancada de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados comenzó a articular conversaciones con otros espacios opositores para convocar a una sesión especial, con el objetivo de rechazar de manera integral el decreto de desregulación económica emitido por el presidente Javier Milei.
Entre las fechas que se barajan en los pasillos del Congreso para concretar el pedido de sesión sobresalen el 14 y el 15 de octubre, aunque los referentes parlamentarios reconocen que la correlación de fuerzas actual exige negociaciones complejas con los bloques intermedios.
Paralelamente, distintos sectores legislativos analizan vías alternativas que permitan restituir la vigencia de la Ley de Tierras sin la necesidad de voltear la totalidad del megadecreto presidencial.
Cuáles son las estrategias parlamentarias en los sectores del Senado
Una de las propuestas con mayor consenso entre las bancadas dialoguistas es el tratamiento de un proyecto de ley enfocado de forma exclusiva en la anulación del artículo 154 del DNU 70/2023, el cual derogó la normativa original.
En el Senado de la Nación el interbloque peronista ya formalizó una iniciativa con estas características, buscando un camino de menor resistencia política que evite reactivar debates sobre otros temas sensibles como la Ley de Alquileres.
Por su parte, desde el bloque Provincias Unidas, el diputado rionegrino Miguel Pichetto propuso una alternativa orientada a incorporar el restablecimiento de la normativa dentro del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.
La normativa derogada fijaba un tope del 15% para la titularidad de tierras en manos de personas físicas o jurídicas extranjeras a nivel nacional, provincial y municipal, además de establecer un límite estricto de 1.000 hectáreas en la zona núcleo productiva.
Cuál es el impacto político y la reacción del oficialismo
En el plano social, agrupaciones políticas, sindicales y sociales convocaron a una movilización frente a los Tribunales de la ciudad de Buenos Aires para repudiar la decisión de los magistrados e incrementar la presión pública.
Asimismo, desde bancadas opositoras se impulsan pedidos de juicio político contra los integrantes del máximo tribunal, en un intento por reinstalar el debate y propiciar futuras acciones de amparo judicial.
En los despachos del oficialismo nacional la reacción opositora se sigue con atención, evaluándose posibles modificaciones regulatorias dentro de futuros proyectos de ley para contener la discusión parlamentaria y blindar la estructura central del decreto de necesidad y urgencia.
Con información de NA.
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