Ruta marítima entre Chile y Malvinas: Quirno negó una posible ofensiva jurídica por el Estrecho de Magallanes
El presidente del Partido Nacional Libertario chileno reportó un presunto reclamo jurídico por parte de Argentina para modificar los límites de soberanía en el estrecho. El hecho surge luego de que se filtre información de fuentes de inteligencias del país vecino sobre un "evento crítico" por el buque que conectará Punta Arenas con el archipiélago.
La tensión geopolítica en el extremo sur del continente escaló a un nuevo nivel entrelazando disputas de soberanía, intereses comerciales y operaciones de inteligencia. En medio de la controversia por la activación de una ruta marítima directa entre Punta Arenas y las Islas Malvinas, el canciller argentino Pablo Quirno salió a desmentir públicamente los rumores surgidos en Chile sobre una presunta ofensiva jurídica de Buenos Aires orientada a modificar los límites soberanos en el Estrecho de Magallanes.
El detonante fue una columna de opinión publicada en el portal Bío Bío por Johannes Kaiser, presidente del Partido Nacional Libertario de Chile. En su escrito, el dirigente advirtió que la Argentina estaría construyendo «con talento y sigilo» un caso formal basado en el derecho consuetudinario para desafiar la soberanía chilena sobre el estrecho. Apenas horas después de la publicación, Quirno utilizó su cuenta oficial en la red social X (ex Twitter) para compartir el artículo de Kaiser y responder con un lacónico y tajante: «No».
No.
— Pablo Quirno (@pabloquirno) October 10, 2026
La desmentida del jefe de la diplomacia argentina intentó apagar un foco de incendio que se suma a un escenario ya caldeado por filtraciones de los servicios de inteligencia trasandinos, el inminente zarpe de un buque comercial de bandera chilena hacia Puerto Argentino y el inicio de represalias económicas impulsadas desde el Congreso Nacional.
El fantasma del «antecedente peruano» en Chile y las alertas de los sistemas de inteligencias
En su publicación, Kaiser trazó un paralelismo directo entre la supuesta estrategia diplomática de la gestión de Javier Milei y la exitosa ofensiva jurídica que Perú llevó adelante contra Chile en la Corte Internacional de Justicia. Según el libertario chileno, Argentina buscaría invocar normas del derecho internacional contemporáneo —específicamente los principios de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR)— para sentar precedentes, tal como hizo Lima al argumentar la falta de un acuerdo previo y exigir el trazado de una línea bisectriz por la forma cóncava de la costa.
Para sustentar su advertencia, Kaiser reflotó recientes declaraciones de altos mandos militares argentinos. Entre ellas, citó al contraalmirante de Hidrografía Naval, Hernán Montero, quien afirmó que la boca oriental del estrecho corresponde a territorio argentino, y al brigadier general Gustavo Valverde, jefe de la Fuerza Aérea, quien en agosto incluyó a Magallanes dentro de la proyección de soberanía nacional.
Además, apuntó contra la vigencia del Decreto 256/2010 (firmado por Cristina Fernández de Kirchner), que impone a los buques la obligación de solicitar permisos a la Argentina para navegar por aguas que considera bajo su jurisdicción en tránsito hacia las Malvinas.
El temor a una maniobra jurídica se enmarca en un escenario de alerta máxima. Un reportaje de la Unidad de Investigación de BioBíoChile reveló que fuentes de inteligencia prevén un «evento crítico» con la Argentina a raíz del inminente viaje del buque «Danstar», operado por la empresa chilena Easter Island. La embarcación tiene programado zarpar en noviembre para abrir una nueva vía logística entre Punta Arenas y las Islas Malvinas.
Las fuentes confidenciales indicaron que el buque navegará por el Estrecho de Magallanes —descartando el Mar de Drake— para no dejar dudas sobre la soberanía chilena, pero advirtieron que la Prefectura Naval o la Armada argentina podrían interceptarlo una vez que ingrese en aguas bajo jurisdicción nacional. Ante esta posibilidad, el gobierno de José Antonio Kast habría decidido no otorgar escolta militar al «Danstar» por tratarse de una operación privada.
El debate jurídico sobre el tránsito de la nave divide aguas. Desde la Argentina, el presidente de la Liga Naval, Fernando Morales, expuso ante comisiones de la Cámara de Diputados que el país podría considerar el viaje del «Danstar» como un «tránsito no inocente» bajo el artículo 19 de la CONVEMAR y proceder a su detención. La sospecha central de Buenos Aires es que el buque brindará apoyo logístico al proyecto petrolero «Sea Lion», controlado por la israelí Navitas Petroleum (65%) y la británica Rockhopper Exploration (35%), que planea extraer crudo en aguas disputadas hacia 2028.
Del otro lado, la subdirectora de Desarrollo Económico de las islas, Louise Ellis, negó tajantemente que el buque vaya a trasladar suministros críticos para las petroleras, asegurando que su carga consistirá en alimentos, gas licuado y materiales de construcción para consumo de los kelpers.
Expertos chilenos, como el excomandante en jefe de la Armada, Julio Leiva, y el profesor de Derecho Luis Valentín Ferrada, advirtieron que la Argentina tiene dos grandes limitantes jurídicas para detener el barco: la propia CONVEMAR, que garantiza el paso inocente, y el Tratado de Paz y Amistad de 1984, mediante el cual Buenos Aires se obliga a mantener la libre navegación de buques de todas las banderas hacia y desde el Estrecho de Magallanes. Según analistas trasandinos, interceptar la nave equivaldría a declarar «insanablemente nulo» dicho pacto histórico.
Ruta marítima entre Chile y Malvinas: las denuncias y alternativas del lado argentino
La reactivación de esta ruta —que le disputará el negocio de abastecimiento a Uruguay al reducir la distancia de 2.000 kilómetros a la mitad— motivó una rápida reacción en el parlamento argentino. El diputado nacional del Frente de Todos, Guillermo Michel, presentó un proyecto de ley para suspender los beneficios impositivos a las empresas chilenas que operan en la Argentina, acusando a la nación vecina de una «falta de solidaridad con la causa Malvinas».
La iniciativa insta al Poder Ejecutivo a denunciar formalmente el Tratado sobre Promoción y Protección Recíprocas de Inversiones y el Convenio para Eliminar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal. De concretarse, las compañías chilenas perderían las exenciones y topes máximos sobre retenciones a dividendos, intereses y regalías.
«Si Chile decide hacer negocios de manera ilegal en Malvinas, no puede tener de parte de la Argentina beneficios económicos y fiscales por sus inversiones en nuestro país», fundamentó el legislador, apoyándose en la ley 26.659 que sanciona el apoyo a la exploración de hidrocarburos no autorizada en la plataforma continental.
El tejido logístico chileno-británico se evidenció recientemente durante el Punta Arenas Business Showroom, donde 40 empresarios británicos y kelpers —la mayor delegación de la historia enviada desde el archipiélago— sellaron acuerdos con 60 firmas magallánicas. El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, defendió la integración argumentando que las islas tienen un poder de compra de US$ 20 millones anuales y que el bloqueo del Mercosur en 2011 le costó a su región unos US$ 300 millones en pérdidas.
En respuesta a esta cumbre de negocios, denunció la detección de vuelos ilegales operados por Thales UK Limited entre Malvinas y Punta Arenas, ordenando la apertura de causas penales y quejas diplomáticas formales.
La cuerda floja diplomática de Quirno
Mientras las acciones legales de la Argentina apuntan directamente a Londres, la diplomacia nacional intenta no quebrar lanzas con el Palacio de la Moneda, a pesar de las provocaciones de algunos miembros del gabinete de Kast.
Días atrás, el ministro de Defensa chileno, Fernando Barros Tocornal, había validado la ocupación británica al referirse a una «situación de hecho» y pedir que se respete «la voluntad e interés de las personas involucradas» (autodeterminación). Esa postura, que colisiona con el reclamo histórico argentino, fue respaldada por el subsecretario del Interior de Chile, Máximo Pavez, quien defendió el derecho de los ciudadanos chilenos a realizar actividades económicas desde sus puertos.
Consultado al respecto, Pablo Quirno descartó una ruptura diplomática y minimizó el avance comercial señalando que es un tema del «intendente de Punta Arenas» y «no del Gobierno nacional» chileno.
Para saldar la controversia con el ministro de Defensa trasandino, Quirno se amparó en la declaración conjunta firmada el 3 de septiembre entre Javier Milei y José Antonio Kast, donde se rechazó el apoyo logístico ilegal en la zona disputada. «Palabra de presidente mata palabra de ministro. Ya está, se acabó ahí», sentenció el diplomático argentino, aunque advirtió: «Todo lo que sea apoyo logístico para explotación de recursos naturales no se va a hacer desde Chile, actuaremos en la medida de nuestro espacio jurídico, legal y diplomático».
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