Polémica en AFA: allanaron las sedes de Viamonte y Ezeiza por la causa de la mansión en Pilar
Los operativos los lleva adelante personal de Prefectura y fueron ordenados por el juez Adrián González Charvay. Se investiga el contrato entre la entidad madre del fútbol argentino y Javier Faroni.
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) no puede escapar del centro de la polémica. En un nuevo capítulo de la causa, la Justicia ordenó allanar las sedes ubicadas en la calle Viamonte de la Ciudad de Buenos Aires, y en Ezeiza, donde se encuentra el predio Lionel Andrés Messi.
El procedimiento lo ordenó el juez de Campana Adrián González Charvay. Se investigación la relación de la AFA con la mansión en Pilar y el presunto desvío de fondos millonarios por parte del empresario Javier Faroni.
Nuevos allanamientos en sedes de la AFA
Los operativos fueron realizado por Prefectura. Las autoridades intervinieron para buscar los contratos firmados entre la entidad rectora del fútbol argentino y la compañía TourProdEter LLC, a cargo de Javier Faroni y Erica Gillete.
La Justicia remarcó que también se busca la documentación administrativa contable vinculada a los delitos precedentes investigados. Es decir, quieren esclarecer de dónde salió el dinero para compra la quinta de Pilar.
González Charvay es el magistrado que está al frente del expediente por la mansión valuada en 17 millones de dólares que, presuntamente, dirigentes de la AFA habrían adquirido a través de testaferros.
De qué se acusa a Tapia y los dirigentes de la AFA
La causa investiga la retención indebida de $19.300 millones por parte de la AFA entre marzo de 2024 y septiembre de 2025, correspondientes a IVA, Ganancias y aportes patronales.
Además de Tapia y Toviggino, están imputados el gerente general Gustavo Lorenzo, el actual secretario general Cristian Malaspina y el exsecretario general Víctor Blanco.
Todos fueron citados a indagatoria por el delito de apropiación indebida de tributos, que prevé una pena de dos a seis años de prisión.
Los acusados argumentaron que no estaban obligados a pagar fuera de plazo, porque hay resoluciones de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y del Ministerio de Economía que establecen que hasta mitad de año no se pueden ejecutar deudas fiscales de asociaciones civiles sin fines de lucro.
La defensa de Tapia planteó que si una deuda fiscal no se puede ejecutar, tampoco se puede exigir su pago. A esto se sumaron los abogados del resto de los imputados, que pidieron el sobreseimiento. El juez en lo Penal Económico, Diego Amarante, rechazó el planteo, pero los acusados insistieron ante la Cámara.
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